La Audiencia de Barcelona juzga desde este lunes una nueva pieza del caso Mercurio por presuntas irregularidades urbanísticas en Sabadell

La Audiencia de Barcelona inicia este lunes el juicio por una nueva derivada del conocido caso Mercurio, la macroinvestigación judicial que durante más de una década ha examinado presuntas prácticas de corrupción vinculadas al Ayuntamiento de Sabadell. En esta ocasión, el tribunal abordará la pieza separada número 21, centrada en supuestas irregularidades administrativas relacionadas con obras y gestiones urbanísticas vinculadas a un concesionario de vehículos de la ciudad.

En el banquillo de los acusados se sentarán alrededor de una decena de personas, entre empresarios, funcionarios municipales y antiguos responsables políticos. Entre ellos figura la exconcejal del PSC y exdiputada en el Parlament Montserrat Capdevila, así como el empresario Melquíades Garrido, presidente del Gremio de Constructores de Sabadell y tío del exalcalde Manuel Bustos, una de las figuras centrales en la investigación original del caso.

La pieza que llega ahora a juicio se centra en las obras realizadas en el concesionario Sitjas Motor, ubicado en Sabadell. Según la investigación, la empresa habría llevado a cabo actuaciones vinculadas a la ampliación o modificación de su actividad que requerían determinados trámites administrativos y el pago de impuestos municipales. Las acusaciones sostienen que, en ese proceso, se habrían producido gestiones irregulares desde el ámbito municipal para favorecer al negocio.

En concreto, la causa examina si responsables públicos y empresarios habrían intervenido para facilitar las obras o para evitar que la empresa afrontara determinados tributos municipales derivados de la ampliación de la actividad, especialmente los vinculados al impuesto de actividades económicas. De acuerdo con el escrito de acusación, estas actuaciones habrían implicado la manipulación o alteración de trámites administrativos.

Por estos hechos, la Fiscalía y las acusaciones atribuyen a los procesados delitos como tráfico de influencias, prevaricación administrativa y falsedad documental. Las penas solicitadas varían en función del papel que cada acusado habría desempeñado en los hechos investigados. En el caso de Capdevila, el ministerio público solicita un año y cuatro meses de prisión, además de una multa y varios años de inhabilitación por un delito de tráfico de influencias.

El juicio se desarrollará con la comparecencia de acusados, testigos y peritos, y se prevé que permita esclarecer hasta qué punto existieron actuaciones irregulares en la tramitación administrativa relacionada con la actividad del concesionario. Las defensas, por su parte, sostienen que las actuaciones se ajustaron a la legalidad y rechazan la existencia de cualquier trato de favor.

La pieza 21 forma parte del amplio caso Mercurio, una investigación judicial que estalló en noviembre de 2012 tras una operación policial que puso bajo sospecha la gestión municipal de Sabadell durante los años en que gobernaba el socialista Manuel Bustos. La causa destapó una compleja red de presuntas irregularidades vinculadas a adjudicaciones públicas, licencias urbanísticas, contrataciones y subvenciones.

Debido a su magnitud, el procedimiento judicial se dividió en más de una treintena de piezas separadas, cada una centrada en episodios concretos. A lo largo de los últimos años se han celebrado distintos juicios derivados de esta investigación, algunos de los cuales han terminado en condenas como la del propio exalcalde, condenado a seis meses de prisión por malversación en la pieza relativa a la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). Pero una década después de que se iniciara la investigación, el caso Mercurio continúa teniendo recorrido judicial.