Illa quería usar los Presupuestos para suprimir sin hacer ruido un organismo sospechoso de corrupción

El Consejo Catalán del Deporte (CCD) se creó en el año 2000. Era un organismo autónomo, que sustituía a la Dirección General del Deporte de la Generalitat. Desde 2021 el CCD estuvo dirigido por Aleix Villatoro –durante la presidencia de Pere Aragonès–, hasta que en 2024 el nuevo ejecutivo, liderado por Salvador Illa, lo sustituyó por Carme Bastida.

Hace unos meses, el digital L’Alternatiu llamó la atención sobre la existencia de un posible caso de corrupción en el seno del CCD, por un presunto fraccionamiento de contratos entre 2022 y 2025. Durante este tiempo, el ente habría estado adjudicando contratos para el servicio de mantenimiento a una misma empresa por un importe de 14.999 euros, justo un euro por debajo del límite legal.

Cabe recordar que el fraccionamiento de contratos es una práctica contraria a la ley de contratación pública. La normativa obliga a llevar a cabo un concurso cuando la factura es superior a los 15.000 euros. Si el importe no supera este umbral, se considera que son contratos menores y se pueden adjudicar directamente.

La presunta trama de fraccionamiento de contratos habría beneficiado a una misma empresa con más de 600.000 euros públicos, aunque se sospecha que esta cantidad podría elevarse hasta 1,4 millones de euros. Lo que sobre el papel debería haber sido una licitación abierta, con publicidad y libre concurrencia, se habría transformado en una sucesión ininterrumpida de contratos menores.

Al trocear el gasto, el CCD habría logrado mantener a la misma empresa durante años sin que otros competidores tuvieran la oportunidad de presentar ofertas, hurtando así al contribuyente la posibilidad de una gestión más eficiente y económica de los recursos. La empresa beneficiaria de este goteo constante de dinero público, COMSA Service Facility Management, S.A.U., tampoco es una desconocida.

Los registros apuntan a una compañía que ya estuvo vinculada en el pasado a otros episodios de presunta corrupción en Cataluña, lo que añade una capa de gravedad ética al escándalo. La investigación señala que existen alrededor de 50 contratos bajo sospecha, una cifra que pone en entredicho los mecanismos de fiscalización interna del organismo. El Debate se ha puesto en contacto con la Consejería de Deportes de la Generalitat, pero no ha recibido respuesta.

Por la puerta de atrás

El caso ha provocado un terremoto político que ya ha tenido sus primeras réplicas. La gravedad de los hechos, que apuntan a una vulneración consciente de la Ley de Contratos del Sector Público, ha puesto sobre la mesa la posible intervención de la Sindicatura de Cuentas y de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). Mientras tanto, el deporte catalán asiste con estupor a cómo los fondos destinados a fomentar la actividad física y la competición terminan bajo la lupa de la irregularidad administrativa.

Además, al caso se suma otra capa: el gobierno de Illa ha intentado cerrar el caso haciendo desaparecer el CCD sin hacer mucho ruido. ¿Cómo? A través de los Presupuestos de la Generalitat 2026 y la ley de acompañamiento que va unida a estos: el Proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público para 2026.

Este proyecto de ley, aprobado el pasado 27 de febrero, junto con el de las cuentas públicas, introducía cambios legislativos rápidos en diversas áreas para facilitar la ejecución presupuestaria. También había diez disposiciones adicionales que regulaban aspectos específicos no integrados en el cuerpo principal de la ley, como medidas relativas al personal del sector público y ajustes organizativos.

Es este último aspecto el que nos interesa. Ante estas presuntas irregularidades en la contratación, que salpican a ERC y al PSC, el Govern ha optado por hacer desaparecer el CCD. Así consta en la disposición adicional tercera del texto:

¿Qué significa esto? Al perder su autonomía como organismo administrativo, la gestión económica y de contratación pasa a depender directamente de la Secretaría General del Deporte. Esto se interpreta oficialmente como una medida para reforzar la fiscalización y evitar la repetición de estas prácticas. La medida permitiría diluir responsabilidades políticas o facilitar una auditoría interna profunda de los contratos firmados en años anteriores.

Ahora bien, la supresión administrativa no detiene los procesos judiciales o de inspección que puedan estar en marcha por parte de Antifraude o el Tribunal de Cuentas. Las obligaciones y derechos del organismo, incluyendo la responsabilidad sobre sus actos previos, son asumidos por el departamento sucesor.

Con todo, si las actuaciones de investigación confirman que el fraccionamiento no fue un error administrativo, sino una estrategia para beneficiar a una empresa concreta, la OAC tiene la obligación de elevar el expediente a la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación y fraude administrativo.

La semana pasada, tras fracasar las negociaciones con ERC, el gobierno de Salvador Illa retiró el proyecto de Presupuestos para impedir que fuera rechazada en el Parlament, por lo que la supresión del CCD queda de nuevo en el aire. A preguntas de El Debate, desde el gobierno catalán no se ha explicado qué pasará finalmente con el organismo.