El TSJC anula la exigencia de un nivel elevado de catalán en Vic para un operario por vulnerar derechos fundamentales

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la nulidad de las bases de una convocatoria del Ayuntamiento de Vic que exigían un nivel B2 de catalán para un puesto de operario de cementerio y mantenimiento, al considerar que se trata de un requisito desproporcionado que vulnera derechos fundamentales.

La sentencia, que desestima íntegramente el recurso presentado por el consistorio e impone además las costas del proceso, concluye que la exigencia lingüística no guarda relación con las funciones reales del puesto, de carácter esencialmente manual, y supone una barrera de acceso injustificada.

El tribunal considera que esta exigencia vulnera los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, que garantizan la igualdad y el acceso al empleo público en condiciones de mérito y capacidad. En este sentido, subraya que los requisitos lingüísticos deben estar vinculados de forma directa a las tareas a desempeñar.

Por ello, el TSJC determina que el nivel adecuado en este caso no era el B2 requerido, sino un nivel básico A2, suficiente para las funciones previstas.

Una línea jurisprudencial consolidada

La resolución se enmarca en una tendencia creciente de los tribunales a limitar la imposición de requisitos lingüísticos cuando estos no están justificados. El propio TSJC ya anuló recientemente la exigencia de un nivel elevado de catalán para acceder a un puesto de chófer en el Parlament, y otro fallo declaró improcedente el despido de un cocinero del Ayuntamiento de Barcelona por no acreditar el nivel requerido.

Estas decisiones apuntan a un criterio común: el conocimiento de la lengua cooficial es legítimo, pero su exigencia debe ser proporcionada y adecuada a las funciones del puesto, evitando efectos excluyentes.

Convivencia Cívica Catalana (CCC), que ha impulsado el recurso, considera que la sentencia evidencia una práctica extendida de fijar niveles de catalán por encima de lo necesario. Su presidente, Ángel Escolano, sostiene que en algunos casos estos requisitos actúan como «barreras de acceso» al empleo público.

Según la entidad, su actividad judicial ya ha provocado que 23 ayuntamientos rectifiquen convocatorias similares y ajusten los niveles lingüísticos exigidos. CCC ha anunciado que continuará recurriendo procesos selectivos que, a su juicio, utilicen la lengua como un filtro desproporcionado.