Directores de colegios públicos catalanes se plantean dimitir en bloque para protestar contra la Generalitat

El conflicto en la educación pública catalana entra en una nueva fase. A la ya prolongada tensión entre el Govern y el profesorado se suma ahora un actor clave que hasta ahora había mantenido un perfil más discreto: las direcciones de los centros. Y lo hacen con un aviso de alto voltaje: la posibilidad de dimitir en bloque a final de curso si no se rectifica el acuerdo educativo.

El movimiento comenzó a gestarse tras una asamblea de directores de centros públicos de Barcelona a finales de marzo, pero ha ido ganando fuerza en las últimas semanas. El próximo 30 de abril volverán a reunirse para decidir si formalizan esta medida y si intentan extenderla al conjunto de Cataluña. No todos los equipos directivos se han sumado, pero el malestar es lo suficientemente amplio como para evidenciar una fractura creciente.

El principal foco de conflicto está en la reforma del sistema de adjudicación de plazas docentes, especialmente en la drástica reducción de las llamadas «plazas perfiladas», que quedarán limitadas al 3% del total. Estas plazas permitían a los centros seleccionar perfiles ajustados a su proyecto educativo, y su recorte se interpreta como una pérdida clara de autonomía. Los directores advierten de que esto puede afectar tanto a la coherencia pedagógica como a la estabilidad de los equipos docentes.

En paralelo, la asociación de directivos del ámbito educativo ha presentado un recurso administrativo contra la resolución que regula este nuevo sistema. Consideran que introduce limitaciones injustificadas, reduce su capacidad de gestión y puede tener un impacto directo en la calidad educativa. También alertan de que algunos cambios contradicen el marco legal vigente.

Oposición al acuerdo con CCOO y UGT

Este pulso se produce en un contexto de descontento generalizado en el sector. Los docentes ya habían cuestionado que el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT, pese a la inversión anunciada de 2.000 millones de euros, no resuelve los problemas estructurales del sistema. Ahora, las direcciones coinciden en ese diagnóstico: reconocen avances, pero subrayan que no se traducen en mejoras inmediatas en las aulas.

Entre sus demandas, reclaman más recursos humanos, como técnicos de integración social o personal sanitario, una mejor atención al alumnado con necesidades especiales y mayor margen de maniobra para gestionar los centros. También piden recuperar mecanismos que les permitían ajustar los perfiles docentes a las necesidades concretas de cada proyecto educativo.

Uno de los elementos más llamativos de este episodio es la convergencia entre parte de las direcciones y los sindicatos docentes, tradicionalmente enfrentados en cuestiones como la selección de profesorado. Esta coincidencia puntual refleja hasta qué punto el rechazo al nuevo modelo ha generado un frente común inesperado.

Por su parte, el Departamento de Educación trata de contener la escalada. La consejera Esther Niubó ha reconocido las dificultades expresadas por algunas direcciones y ha defendido la necesidad de equilibrar la autonomía de los centros con la transparencia en los procesos. En esa línea, ha convocado una reunión con representantes de los directores para intentar reconducir la situación.

El sistema educativo catalán afronta así un momento delicado, en el que el debate ya no se limita a la financiación o las condiciones laborales, sino que alcanza de lleno al modelo de gestión y al papel de los centros. Lo que nació como un acuerdo para estabilizar el sector amenaza ahora con abrir una nueva grieta en un escenario ya tensionado.