El gobierno de Illa y ERC presentan el Consorcio de Inversiones entre dudas sobre su viabilidad

Govern y ERC han presentado este lunes el futuro Consorcio de Inversiones, un nuevo organismo con el que la Generalitat y el Estado aspiran a mejorar la ejecución de las inversiones públicas en Cataluña y reducir un problema recurrente: el bajo nivel de cumplimiento de los presupuestos en infraestructuras. El proyecto, sin embargo, nace rodeado de interrogantes sobre su viabilidad política y su capacidad real de corregir una situación que se arrastra desde hace décadas.

La propuesta se ha presentado en la sede del Círculo de Economía, en Barcelona, ante representantes del mundo económico y empresarial. El acuerdo, fruto del pacto de investidura entre PSC y ERC, deberá ahora superar su primer gran examen: la toma en consideración en el Congreso de los Diputados el próximo 28 de abril. Sin ese aval, el proyecto no podrá ni siquiera iniciar su tramitación como ley orgánica.

El Consorcio plantea la creación de un órgano paritario entre el Estado y la Generalitat que centralizaría la planificación y ejecución de inversiones estatales en Cataluña Como pieza clave, se prevé una sociedad mercantil que gestionaría los fondos, licitaría y adjudicaría las obras y definiría planes plurianuales de infraestructuras, con el objetivo de elevar la ejecución hasta el 95% de los proyectos presupuestados.

El Govern defiende que se trata de un cambio de enfoque para pasar «de la queja a la propuesta», en palabras de la consejera de Economía, Alícia Romero. Desde ERC, Lluís Salvadó ha insistido en la necesidad de corregir la histórica falta de coordinación entre administraciones y ha puesto como ejemplo el bajo nivel de ejecución en Rodalies entre 2000 y 2020, que no supera el 10%, así como el bloqueo prolongado de proyectos como el Eje Transversal Ferroviario o la Línea Orbital Ferroviaria, planificados desde hace más de una década pero aún sin ejecución efectiva.

Sociedad mercantil pública

El diseño del consorcio contempla que, una vez el Gobierno fije la partida presupuestaria para Cataluña, los recursos pasen a este nuevo organismo, que asumirá la priorización y gestión directa de las inversiones. Sin embargo, el modelo traslada buena parte del peso operativo a una sociedad mercantil pública, lo que abre dudas sobre el control político, la agilidad real del sistema y la capacidad de evitar nuevos bloqueos administrativos.

A ello se suma la principal incertidumbre: la aritmética parlamentaria. El proyecto necesita una mayoría suficiente en el Congreso y una reserva legal específica que permita la participación del Estado en el consorcio. El propio Govern reconoce que la aprobación no está garantizada, lo que añade una capa de fragilidad a una iniciativa que, por ahora, es más promesa política que herramienta operativa.

En el ámbito económico, la acogida ha sido en general positiva, aunque no exenta de cautelas. El Círculo de Economía ha valorado el paso como relevante, pero ha reclamado que el organismo tenga independencia técnica real y no quede condicionado por los ciclos políticos. Desde la Cambra de Barcelona y Pimec se insiste en el mismo diagnóstico: el problema no es solo de planificación, sino de ejecución efectiva, en un contexto en el que en algunos ejercicios ni siquiera se alcanza la mitad del presupuesto previsto.

El Consorcio de Inversiones se presenta así como una solución estructural a un problema estructural. Pero su éxito dependerá menos del diseño institucional que de la voluntad política sostenida entre administraciones, precisamente el factor que ha fallado de forma recurrente en las últimas décadas.