Prohibir el burka en Lérida o combatir okupas en Gerona: la izquierda local contradice el relato de su partido

El Ayuntamiento de Lérida, gobernado por el PSC, ultima una nueva ordenanza de civismo que prohíbe el uso del burka y el niqab en la vía pública y en las dependencias municipales, con sanciones de hasta 750 euros, semanas después de que los socialistas se opusieran en el Parlament a vetar el velo integral en espacios públicos.

Al mismo tiempo, el consistorio de Gerona, controlado por la CUP a través de Guanyem Girona, ha intentado desahuciar a una okupa de un piso social tras años de impagos, lo que ha provocado la protesta de sindicatos de vivienda y colectivos afines a la propia izquierda antisistema.

Ambos casos ponen de manifiesto la distancia entre el relato de PSC, ERC y CUP sobre diversidad, vivienda e «islamofobia» y las decisiones que adoptan sus alcaldes cuando se enfrentan a los problemas de convivencia y seguridad en los barrios.

Lérida: del «no» al burka en el Parlament a las multas municipales

El equipo del alcalde Fèlix Larrosa ha redactado una ordenanza que veta «las prendas que impiden la identificación» en la vía pública y en las dependencias municipales, una referencia directa al burka y al niqab.

La propuesta, que se votará en junio, fija las sanciones entre 300 y 750 euros y argumenta que estas medidas buscan garantizar «la interacción social en una sociedad libre y democrática».

El giro contrasta con la posición reciente del PSC en el Parlament, donde se alineó con el resto de la izquierda y el nacionalismo para tumbar una moción del PP, pactada con Vox, que reclamaba prohibir el burka y el niqab en la calle y en edificios públicos por motivos de seguridad.

En el Congreso, el PSOE también rechazó una proposición de Vox, apoyada por el PP, para prohibir el velo integral en espacios públicos, dejando a la derecha aislada en esa votación.

Mientras el socialismo catalán invoca en las cámaras el riesgo de «discriminación», en Lérida un alcalde del PSC defiende ahora la prohibición del burka apelando a la convivencia, la seguridad y la igualdad entre hombres y mujeres, argumentos muy similares a los que suele esgrimir la derecha.

La ciudad no es ajena a esta polémica. Lérida fue en 2010 la primera capital española en aprobar una ordenanza que prohibía el velo integral en edificios y equipamientos municipales, una medida impulsada también por un alcalde socialista y apoyada por PP y CiU.

La norma acabó suspendida por la justicia y el Tribunal Supremo la anuló al considerar que el consistorio se había excedido en sus competencias al limitar un derecho fundamental como la libertad religiosa.

Pese a aquel precedente, la Paeria vuelve a situarse en el foco del debate nacional sobre el burka, en un contexto en el que PP y Vox han reactivado esta cuestión en las Cortes y en Cataluña, y en el que se discute el encaje legal de este tipo de vetos en el marco europeo.

Gerona: la CUP ante su propio espejo en la okupación

La brecha entre relato y gestión también se hace visible en Gerona. El Ayuntamiento, dirigido por Guanyem Girona —espacio próximo a la CUP—, inició un procedimiento de desahucio administrativo contra una familia que ocupaba un piso social municipal, después de años de impagos y de que la vivienda se utilizara para empadronar a terceros.

Sindicatos de vivienda y colectivos del entorno antisistema convocaron una protesta para frenar el lanzamiento y acusaron al consistorio de forzar la vía administrativa para ejecutar el desalojo.

La presión de los activistas logró detener temporalmente el desahucio, pero abrió una crisis interna en el universo cupaire: el mismo espacio político que ha hecho bandera de la lucha contra los desahucios y la defensa de las okupaciones se veía promoviendo la expulsión de una inquilina de vivienda pública por incumplimientos reiterados.

Desde el gobierno municipal se defendió la medida alegando responsabilidad en la gestión del parque social y la necesidad de garantizar que las viviendas públicas lleguen a familias que cumplen los requisitos y respetan las condiciones de uso.

Cuando la realidad local desmiente el relato

Lérida y Gerona ilustran un patrón que se repite en distintos municipios catalanes: partidos de izquierda que en el Parlament y en Madrid se oponen a endurecer las leyes sobre burka, okupación o multirreincidencia, pero que en sus ayuntamientos acaban aprobando ordenanzas de civismo más estrictas, respaldando desahucios de pisos sociales utilizados de forma irregular o reclamando más presencia policial.

La nueva prohibición del burka en Lérida vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre libertad religiosa, dignidad de la mujer y seguridad en el espacio público, mientras el caso de Gerona reabre el debate sobre hasta dónde puede llegar un ayuntamiento a la hora de frenar abusos en viviendas sociales sin romper con los movimientos que han apoyado su llegada al poder.

En ambos escenarios, la gestión diaria y la presión de los vecinos acaban desmintiendo, una vez más, el relato ideológico que se exhibe desde los escaños.