Parlon admite un «error» en la infiltración de Mossos en una asamblea docente y trata de frenar la crisis política

La consejera de Interior, Núria Parlon, ha admitido este miércoles en el Parlament que la infiltración de dos agentes de paisano de los Mossos de Esquadra en una asamblea de docentes movilizados contra el Govern constituyó un «error humano» y una actuación «mal planteada», aunque ha rechazado que existiera una voluntad de espionaje político o de criminalización del movimiento sindical educativo.

Acompañada por el director general de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero, la titular de Interior ha comparecido en la comisión parlamentaria para intentar contener el desgaste provocado por una actuación policial que ha generado una fuerte reacción sindical y ha abierto un nuevo frente político para el ejecutivo de Salvador Illa.

Parlon ha reconocido que la operación ha deteriorado la confianza entre determinados colectivos sociales y el cuerpo policial y ha pedido disculpas por el impacto causado. La consejera ha sostenido, no obstante, que la actuación respondió a una «maniobra operativa bienintencionada» destinada a evaluar riesgos en un contexto de creciente conflictividad dentro de la escuela pública catalana.

Aun así, ha admitido que se asumieron riesgos «innecesarios» y ha anunciado la apertura de una información reservada para analizar lo ocurrido y reforzar los mecanismos de supervisión interna. «Necesitamos reforzar los espacios de confianza entre el activismo social y los Mossos», ha asegurado durante su intervención.

La responsable de Interior ha insistido varias veces en desvincular la infiltración de cualquier decisión política del Govern y ha negado que la información recopilada se trasladara al Departamento de Educación. «No es una decisión política», ha recalcado ante una comisión especialmente tensa y con presencia de representantes sindicales.

Josep Lluís Trapero, a su vez, también ha intentado rebajar el alcance de la polémica. El director general de los Mossos ha defendido que este tipo de actuaciones no buscan «criminalizar, investigar ni espiar», sino prevenir riesgos y amenazas potenciales. Ha recordado, además, que determinadas figuras de actuación encubierta cuentan con cobertura legal y jurisprudencial en ámbitos vinculados a la seguridad pública.

Sin embargo, el máximo responsable operativo de la policía catalana ha terminado reconociendo «falta de oportunidad» e «ingenuidad» en la forma en que se desarrolló la operación y ha admitido que la infiltración «no estaba justificada», aunque ha rechazado cualquier acusación de mala fe o deriva antidemocrática.

Las explicaciones no han convencido a la oposición. Junts per Catalunya ha endurecido el tono y ha acusado al Departamento de Interior de vulnerar derechos fundamentales. Su portavoz en la comisión, Josep Rius, ha sostenido que no se trata de un simple error operativo, sino de una actuación «ilegal» que cuestiona el modelo policial catalán. Los posconvergentes mantienen la exigencia de dimisión tanto de Trapero como de Parlon.

También ERC ha vuelto a reclamar el cese del director general de los Mossos. Los republicanos consideran que la infiltración resulta «desproporcionada» y contraria a derechos básicos de participación y protesta. Los comunes, en la misma línea, han exigido más transparencia y un cambio profundo en la orientación política del área de Interior.

La polémica amenaza con prolongarse durante las próximas semanas en el Parlament. De hecho, la consejera de Educación, Esther Niubó, también tendrá que comparecer para dar explicaciones sobre un episodio que ya trasciende el conflicto educativo.