Barcelona pone coto a los nuevos salones de manicura y clubes cannábicos en el casco viejo

El Ayuntamiento de Barcelona quiere poner freno a algunos de los negocios que más se han multiplicado en los últimos años en el distrito de Ciutat Vella. El nuevo Plan de Usos presentado este viernes por el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, endurece las restricciones para abrir nuevos salones de manicura y pedicura, tiendas de fundas de móviles y establecimientos vinculados al cannabis, además de limitar las actividades asociativas privadas para evitar la proliferación de clubes cannábicos.

El documento, que encara ya su fase final de tramitación, triplica el número de actividades reguladas, porque de 55 pasa a 180, y busca, según el consistorio, «mejorar la convivencia» y recuperar el equilibrio entre la actividad económica y la vida vecinal en uno de los distritos más tensionados por el turismo y el ocio.

Batlle ha defendido que el nuevo modelo será «más quirúrgico y preciso», con controles más específicos sobre aquellas actividades que generan más impacto en el espacio público. El plan también introduce criterios vinculados a la densidad comercial, el ancho de las calles o las dimensiones de los locales para decidir si una nueva actividad puede implantarse o no.

La nueva regulación unifica las normas para todo Ciutat Vella, aunque mantiene un tratamiento singular para ejes especialmente sensibles como la Rambla y Via Laietana. Además, por primera vez se prohibirá la venta de souvenirs como actividad complementaria de otros negocios.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento quiere favorecer determinados usos culturales. El plan facilitará la apertura de nuevas galerías de arte, librerías, salas de conferencias, espacios vinculados a las artes escénicas o equipamientos culturales, mientras mantiene las restricciones para nuevas discotecas, bares musicales y salas de fiesta.

El gobierno municipal de Jaume Collboni contará con el apoyo de Junts per Barcelona para sacar adelante el proyecto. El concejal Damià Calvet ha defendido que el plan permitirá recuperar «el equilibrio entre la economía y la buena convivencia» y ha asegurado que algunos negocios polémicos abiertos antes de la moratoria podrían cerrar en un plazo de 18 meses si no acreditan las condiciones exigidas.

En cambio, tanto Barcelona en Comú como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han cargado contra el proyecto. Los comunes critican el pacto entre socialistas y Junts y consideran que el plan sigue favoreciendo actividades ligadas al turismo. ERC, por su parte, denuncia que el modelo trata Barcelona como «un producto» y alerta de que puede acelerar la desaparición del comercio de proximidad.

Las entidades vecinales también han mostrado preocupación porque, pese a las nuevas restricciones sobre grow shops, tiendas de móviles o manicuras, consideran que el documento sigue siendo demasiado permisivo con negocios orientados al turismo, la restauración y el ocio nocturno.