Illa pide a los alcaldes informes «periódicos» para fiscalizar la situación del catalán en su municipio

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado este domingo la guía «Impulsar el català des dels municipis: 40 propostes per a l’acció», impulsada por el Departament de Política Lingüística y el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), en la que se insta a los ayuntamientos a encargar informes periódicos sobre la situación del catalán en cada municipio o comarca, como una de las principales herramientas de seguimiento y control de la lengua en el ámbito local. Según el documento, estos diagnósticos deben integrarse en los planes municipales de política lingüística y servir de base para nuevas medidas de impulso del catalán en servicios públicos, comercio, educación, cultura y tejido asociativo.

La nueva guía: 40 propuestas para los ayuntamientos

La publicación «Impulsar el català des dels municipis: 40 propostes per a l’acció» es una guía elaborada por el CPNL y el Departament de Política Lingüística para orientar la acción de los gobiernos locales en materia de lengua. El documento detalla qué es la política lingüística municipal, cómo debe organizarse y en qué ámbitos debe intervenir, desde la comunicación institucional hasta el comercio, la acogida de recién llegados o las actividades culturales y deportivas.

En el prólogo, el president Salvador Illa subraya que el Govern ha puesto en marcha una «política linguística ambiciosa» para que el catalán sea «una lengua del siglo XXI de pleno derecho» y remarca el papel clave de los municipios como administración más cercana a la ciudadanía. El texto recuerda que el Departament de Política Lingüística se creó en 2024 y que el Pacte Nacional per la Llengua, firmado en mayo de 2025, fija el rumbo de las políticas lingüísticas hasta 2030, con especial énfasis en el ámbito local.

La propuesta 37: informes periódicos sobre el catalán

Entre las 40 medidas que recoge la guía, agrupadas en varios bloques de actuación, destaca la propuesta número 37, incluida en el apartado «Generar recursos útiles para hacer avanzar el catalán». El texto recomienda expresamente «Encargar un informe periódico sobre la situación del catalán al municipio o la comarca», es decir, que cada ayuntamiento impulse de forma regular un estudio sobre el estado de la lengua en su territorio.

Estos informes periódicos deben permitir disponer de datos actualizados sobre el uso del catalán en la administración local, los servicios públicos, el comercio, el sistema educativo, el ocio y el tejido asociativo, así como detectar posibles retrocesos o incumplimientos de derechos lingüísticos. La guía plantea que esta información sirva para ajustar los planes municipales de impulso del catalán, fijar objetivos, evaluar resultados y rendir cuentas sobre la evolución de la lengua en cada municipio.

La propuesta de Illa y del Departament de Política Lingüística se enmarca en un esquema más amplio de planificación municipal, que el documento describe como «planes o proyectos de impulso del catalán». Estos planes deben incluir un diagnóstico de las dinámicas sociolingüísticas locales, objetivos generales y específicos, calendario, presupuesto y mecanismos de evaluación con indicadores que permitan comprobar si se han cumplido las metas fijadas.

En este contexto, los informes periódicos se convierten en la herramienta clave de fiscalización de la situación del catalán en el ámbito local, al aportar una fotografía recurrente del uso real de la lengua y de la actuación de las instituciones y entidades del municipio. La guía propone que estos diagnósticos se elaboren con el apoyo técnico del CPNL, que dispone de una red de centros de normalización linguística y servicios locales de catalán repartidos por todo el territorio catalán.

El documento insiste en que «no puede haber política linguística verdaderamente efectiva sin una participación plena de los municipios» y anima a los ayuntamientos a asumir un papel activo en la defensa del catalán. Para ello, se plantea que cada consistorio establezca una regiduría específica de política lingüística o, al menos, un responsable claro de la materia, apoyado por referentes lingüísticos y una comisión interna que garantice la transversalidad de las decisiones.

La guía también propone crear consejos municipales de la lengua o mesas participativas en las que se integren representantes políticos, técnicos, entidades sociales, centros educativos y agentes económicos, con el objetivo de diseñar, aplicar y evaluar las medidas municipales de impulso del catalán. Estos órganos deberían implicarse asimismo en el seguimiento de los informes periódicos sobre la situación lingüística y en la formulación de nuevas actuaciones.

Ámbitos afectados: administración, comercio, escuela y ocio

Además del control periódico de la situación de la lengua, la guía recoge una batería de propuestas concretas que afectan a ámbitos muy diversos de la vida local. Entre otras medidas, se plantean criterios de uso lingüístico para la atención a la ciudadanía, cláusulas sobre el catalán en contratos y licitaciones, formación para el personal municipal y campañas para fomentar el uso interpersonal de la lengua.

En el terreno económico y social, el documento insta a los ayuntamientos a informar al comercio de la normativa lingüística, ofrecer formación específica en catalán a establecimientos y servicios y promover acuerdos con asociaciones empresariales para reforzar la presencia de la lengua. También se propone asegurar el uso normal del catalán en guarderías, casales de verano, actividades juveniles, servicios a la tercera edad, clubes deportivos y programación cultural, así como incluir requisitos lingüísticos en convocatorias de ayudas y subvenciones al tejido asociativo.

La guía sitúa al Consorci per a la Normalització Lingüística como «pieza clave» para que los municipios puedan articular una política lingüística sólida y coordinada. Creado en 1989, el CPNL integra a la Generalitat, 99 ayuntamientos, 37 consejos comarcales y las diputaciones de Gerona y Barcelona, y dispone de una red territorial de 20 centros de normalización lingüística y 143 puntos de atención.

Según el documento, el CPNL es el «referente de los poderes locales» a la hora de poner en práctica políticas lingüísticas municipales, ofreciendo cursos de catalán, programas de aprendizaje informal y acciones para promover el uso de la lengua en el comercio, las empresas y el mundo del deporte, entre otros ámbitos. En la elaboración y evaluación de los informes periódicos sobre la situación del catalán, el Consorci está llamado a proporcionar asesoramiento técnico y a conectar la realidad municipal con las líneas marcadas por el Departament de Política Lingüística y el Pacte Nacional per la Llengua.