Illa pide a ERC «colaborar cuatro años», y los republicanos le exigen cumplir con el IRPF

El acuerdo presupuestario entre el Govern de Salvador Illa y ERC ha abierto una nueva etapa de colaboración entre socialistas y republicanos, aunque ambas partes han dejado claro este miércoles en el Parlament que el pacto no garantiza ni estabilidad automática ni un cheque en blanco para el ejecutivo catalán.

Durante la sesión de control en el Parlament, el presidente de la Generalitat ha defendido el entendimiento alcanzado con ERC como una muestra de «sentido de país», pero ha admitido también que el acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2026 representa solo el inicio de una negociación política mucho más amplia. «No es un punto de llegada, sino un punto de partida», ha reconocido Illa, que ha pedido a los republicanos mantener una colaboración sostenida durante toda la legislatura.

El jefe del ejecutivo catalán ha querido proyectar una idea de continuidad política y ha recordado que, si en menos de dos años ambas formaciones han sido capaces de cerrar acuerdos relevantes, en cuatro años podrían dejar Cataluña «mucho mejor» de lo que la encontraron. Al mismo tiempo, se ha comprometido a cumplir los pactos de investidura y a «ganarse la confianza» de ERC «día a día».

Sin embargo, desde las filas republicanas el tono ha sido mucho más exigente. El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha advertido a Illa de que no debe interpretar el acuerdo presupuestario como una garantía de estabilidad política. «No se relaje», le ha lanzado desde el hemiciclo, recordándole que todavía quedan compromisos pendientes especialmente sensibles para los republicanos.

Entre ellos están la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat y los avances en la resolución de lo que los independentistas califican como conflicto político. Jové ha instado al Govern a «presionar donde haga falta» y a no aceptar «sumisiones» en la negociación con el Estado.

El dirigente republicano también ha aprovechado para aumentar la presión sobre el ejecutivo en plena conflictividad social, especialmente en educación y sanidad. Según ha señalado, con unos nuevos presupuestos ya pactados, el Govern tendrá más recursos y, por tanto, menos margen para justificar la falta de acuerdos con docentes y médicos.

Críticas de Junts y de la CUP

La oposición independentista ha cargado igualmente contra el pacto. Desde Junts, la portavoz parlamentaria Mònica Sales ha acusado a ERC de haber rebajado sus aspiraciones políticas y de haber sustituido las reivindicaciones de soberanía fiscal por acuerdos de menor alcance, ironizando con que los republicanos han pasado «del concierto económico a la línea orbital».

Sales ha definido las nuevas cuentas como «los presupuestos del engaño y de las rebajas» y ha acusado a ERC de actuar como «cómplice» del PSC. Además, ha insinuado que el anuncio del acuerdo se retrasó deliberadamente hasta después de las elecciones andaluzas para evitar incomodar al PSOE.

También la CUP ha criticado el entendimiento entre socialistas y republicanos. El diputado Xavi Pellicer ha denunciado que se trata de un acuerdo cerrado «desde los despachos» y alejado, según ha dicho, de las demandas reales de sectores movilizados como el educativo.