Guardias civiles denuncian «maniobras» de Marlaska para «desmantelar» la presencia del cuerpo en Cataluña

El progresivo retroceso de la Guardia Civil en Cataluña se ha convertido en una secuencia perfectamente reconocible de cierres, vacantes sin cubrir, especialidades desmanteladas y competencias transferidas bajo la coartada de la «reorganización operativa». Lo que durante años se ha negado desde el Ministerio del Interior hoy empieza a adquirir forma de estrategia política deliberada. Es lo que denuncian las asociaciones profesionales del Instituto Armado, teniendo en cuenta los últimos movimientos de Interior.

Movimientos que tienen que ver ahora con la posible desaparición de la base del GEAS (la Unidad de Actividades Subacuáticas) de L’Estartit, en Gerona, una unidad histórica especializada en actividades subacuáticas y rescate marítimo. Y es que la Dirección General de la Guardia Civil prepara una reorganización que supondría integrar efectivos en Barcelona y Madrid, reduciendo de forma considerable la presencia operativa en la Costa Brava.

Desde el JUCIL consideran que la medida va mucho más allá de una simple reorganización administrativa. «No estamos ante criterios de eficiencia policial, sino ante una reducción constante de la presencia de la Guardia Civil en Cataluña», señalan desde esta asociación, que también denuncia un «desmantelamiento progresivo» del cuerpo en la comunidad autónoma.

Sostienen que la nueva estructura dejaría la plantilla en apenas once efectivos, cuando la suma de los agentes destinados en Barcelona y L’Estartit debería alcanzar las dieciséis plazas. Para JUCIL, la pérdida de casi un tercio de los efectivos especializados supone un golpe importante para la capacidad operativa en una de las zonas con mayor actividad marítima y turística del Mediterráneo.

En la misma línea se ha expresado Alfonso Merino, responsable de AUGC en Cataluña, que ha criticado duramente la supresión de la unidad de élite en Gerona. «Es una afrenta más contra la Guardia Civil», ha asegurado, y también ha advertido de las consecuencias prácticas que puede tener el cierre para la seguridad marítima de la Costa Brava, porque no se va a poder actuar con inmediatez ante una emergencia en la zona.

Por todo ello, Merino ha rechazado los argumentos operativos esgrimidos por Interior y ha asegurado que «están mintiendo» cuando justifican la reorganización por motivos de eficacia. Según ha explicado, la desaparición del GEAS de L’Estartit dejaría el punto especializado más cercano «a más de dos horas de distancia», algo especialmente delicado en rescates marítimos, donde «el tiempo de respuesta es fundamental».

Otros ejemplos

Las críticas no se limitan al caso de Gerona. También está ahí el cierre desde hace meses de la unidad del SEPRONA en Puigcerdà, sin que se hayan convocado vacantes ni sustituciones para cubrir los puestos. La situación resulta especialmente llamativa porque la comarca de la Cerdanya (alcaldes independentistas incluidos) había reclamado públicamente mantener el servicio medioambiental, llegando incluso a aprobarse una moción de apoyo respaldada por todos los partidos políticos de la zona.

A ello se suma el futuro incierto del GEDEX de Tarragona, especializado en desactivación de explosivos, que también podría verse afectado por procesos de unificación de unidades a nivel estatal.

Las asociaciones profesionales vinculan estas decisiones con el contexto político catalán y con los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los partidos independentistas. De hecho, apuntan directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al Govern de Salvador Illa, al considerar que las cesiones competenciales a los Mossos d'Esquadra forman parte de una estrategia de repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.

Para el Jucil, ambos ejecutivos «continúan ejecutando un plan perfectamente orquestado para desmantelar, pieza a pieza, las competencias y la presencia de la Benemérita en el territorio catalán».

Especialmente controvertido ha sido el debate sobre la transferencia de competencias en puertos y aeropuertos, una vieja reivindicación del independentismo que el Govern considera prioritaria dentro del fortalecimiento del modelo policial autonómico. De ahí que exista preocupación entre los agentes por el impacto que esta dinámica pueda tener sobre determinadas especialidades. «Lo que no entendemos es cómo el Gobierno central está permitiendo esta desaparición progresiva de la Guardia Civil en Cataluña», lamenta Alfonso Mereino.

Pese a las críticas, ni el Ministerio del Interior ni la Generalitat reconocen la existencia de un plan de desmantelamiento. Las decisiones adoptadas hasta ahora se enmarcan, según fuentes oficiales, dentro de procesos de reorganización interna y optimización de recursos.

Sin embargo, el malestar dentro de parte de la Guardia Civil continúa creciendo. Las asociaciones denuncian pérdida de competencias, déficit de plantilla y una sensación de abandono institucional que, aseguran, se arrastra desde hace años.