Illa prevé hacer «más eficiente y accesible» el sistema para denunciar a sanitarios que no hablen catalán

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, presidida por el socialista Salvador Illa, presentó hace unos días el Plan de actuación 2026, con el objetivo de «continuar avanzando en la consolidación del catalán como lengua de uso habitual en el ámbito sanitario público», según destacan en un comunicado.

El documento concreta las medidas previstas para lo que queda de 2026, y da continuidad al despliegue del plan para garantizar el conocimiento y uso del catalán en el sistema autonómico público de salud, así como al Pacto Nacional por la Lengua aprobado por el ejecutivo regional en mayo de 2025.

El plan publicado por Salud persigue «asegurar que cualquier persona pueda relacionarse en catalán en el ámbito sanitario público –desde el nacimiento hasta el final de la vida–, así como en cualquiera de las otras lenguas oficiales», con un énfasis en «promover el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los usuarios y pacientes».

El departamento contempla que el plan se estructure en cinco ejes, de los cuales la novedad es precisamente el quinto, ya que contempla crear una serie de órganos de seguimiento, como una Mesa de coordinación estratégica en materia lingüística, para «asegurar que la dirección y ejecución de las actuaciones se lleven a cabo con instrumentos específicos de monitoreo y evaluación, reforzar la rendición de cuentas, generar conocimiento y orientar las prioridades futuras».

Facilitar las quejas

Con todo, algunas de las medidas más polémicas no se encuentran en este apartado, sino en el eje número tres, que contempla las medidas para «garantizar los derechos lingüísticos» de los usuarios. Este epígrafe incluye entre sus medidas el compromiso de «hacer más eficiente y accesible el sistema de quejas y reclamaciones por motivos lingüísticos». Esto es, que uno de los objetivos marcados por el plan es facilitar las denuncias a los médicos o sanitarios que no empleen el catalán.

En concreto, el plan contempla tres actuaciones para llevar a cabo este año: dar continuidad al Grupo de trabajo multidisciplinar de seguimiento de quejas lingüísticas, elaborar un «protocolo común para la detección, gestión y resolución de incidencias lingüísticas» en los centros sanitarios, e impulsar el proyecto e-Reclamaciones, una plataforma para digitalizar la gestión de este tipo de denuncias.

El plan, además, prevé incluir los «derechos lingüísticos» en la Carta de derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la salud y la atención sanitaria, así como organizar talleres y preparar materiales para fomentar las «buenas prácticas lingüísticas» dirigidos a profesionales de la salud. También se trabajará para ofrecer «cursos de bienvenida» a nuevos residentes y profesionales que incluyan «contenidos de sensibilización lingüística».