El Parlamento catalán aprueba que la ley contra la compra de pisos para invertir se tramite por vía exprés

La proposición de ley para limitar la compra especulativa de viviendas en las zonas de mercado tensionado ha superado este miércoles su primer examen en el Parlament. Eso sí, su aprobación definitiva no llegará, previsiblemente, hasta después del verano. Junts y el Partido Popular han anunciado que solicitarán un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), un paso que ralentizará la tramitación de una de las principales medidas pactadas entre el Govern y los Comuns en materia de vivienda.

La cámara ha aprobado tramitar el texto por el procedimiento de lectura única con el apoyo del PSC, ERC, Comunes y la CUP, mientras que Junts, PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra. Antes de su aprobación definitiva, la iniciativa deberá superar ahora el periodo de enmiendas y el informe del órgano consultivo solicitado por la oposición.

La propuesta modifica la Ley de Urbanismo para permitir que los ayuntamientos limiten, mediante su planeamiento urbanístico, la adquisición de viviendas en las zonas declaradas tensionadas cuando el objetivo sea exclusivamente especulativo.

La iniciativa establece que las viviendas solo podrán adquirirse para destinarlas a residencia habitual del comprador, de un familiar o para incorporarlas al mercado del alquiler como vivienda habitual y dentro de los límites de precio fijados por la normativa. También contempla una excepción para la compra de una única segunda residencia situada en un municipio distinto al de la vivienda habitual.

Además, el texto endurece el régimen sancionador al considerar infracciones muy graves tanto el incumplimiento de estas limitaciones como la utilización de operaciones simuladas para eludir la ley.

La oposición cuestiona la constitucionalidad de la iniciativa

Junts y el PP han justificado su decisión de recurrir al Consejo de Garantías Estatutarias al considerar que la norma puede vulnerar el derecho a la propiedad privada y que una reforma de este alcance no debería tramitarse por la vía de urgencia.

Desde Junts se ha criticado que el procedimiento de lectura única limita el debate parlamentario sobre una cuestión de gran trascendencia jurídica, mientras que los populares han definido la propuesta como un «ataque frontal» a la propiedad privada y han cuestionado incluso el concepto de compra especulativa, al considerar que carece de una definición jurídica precisa.

Vox y Aliança Catalana también han rechazado la iniciativa al sostener que el problema del acceso a la vivienda responde a la falta de oferta y no a la inversión inmobiliaria.

El bloque de investidura defiende que la regulación no puede esperar

Frente a esas críticas, los partidos que respaldan la tramitación han defendido la necesidad de intervenir para frenar la presión especulativa sobre el mercado residencial. ERC ha mostrado su disposición a introducir mejoras durante el periodo de enmiendas, mientras que la CUP considera que la propuesta supone un paso adelante, aunque insuficiente para resolver el problema de la vivienda.

Por su parte, el PSC ha defendido que la regulación debe complementarse con otras políticas de vivienda, pero ha insistido en que la limitación de las compras especulativas no puede aplazarse. Los Comunes, impulsores de la iniciativa, han admitido que la petición de dictamen retrasará el calendario previsto, aunque han asegurado que la ley acabará saliendo adelante «más pronto que tarde».