PP y Junts ralentizan el plan intervencionista de Illa que prohibirá la compra de pisos para invertir

El plan del Govern de Salvador Illa para limitar la compra de viviendas con fines de inversión ha encontrado un importante obstáculo en el Parlament. Junts y el Partido Popular han anunciado que llevarán al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) la proposición de ley impulsada por los Comunes para restringir las adquisiciones de vivienda en zonas de mercado residencial tensionado, una decisión que ha ralentizado su tramitación y que previsiblemente aplazará su aprobación definitiva hasta después del verano.

La iniciativa, que el ejecutivo socialista ha hecho suya como una de las medidas estrella en materia de vivienda, plantea modificar la Ley de Urbanismo para impedir que se puedan comprar viviendas con fines exclusivamente especulativos en las zonas tensionadas. La norma establece que las adquisiciones deberán destinarse a residencia habitual o al mercado del alquiler.

El texto iba a iniciar este miércoles su tramitación por el procedimiento de lectura única, una vía que permite acortar considerablemente los plazos parlamentarios. Sin embargo, la decisión de PP y Junts de solicitar un dictamen al órgano consultivo obligará ahora a esperar a que este emita su informe antes de culminar el proceso legislativo.

Junts y PP consideran inconstitucional la medida

El portavoz parlamentario de Junts, Salvador Vergés, ha justificado el recurso al considerar que la proposición afecta a un derecho fundamental como la propiedad privada y puede entrar en conflicto con la Constitución, la normativa europea sobre libertad de empresa e, incluso, con las competencias municipales.

Vergés ha criticado además que el Govern pretenda sacar adelante una reforma de tanto calado mediante una tramitación exprés, lo que, a su juicio, impide un debate parlamentario suficiente y evita que puedan comparecer expertos o representantes de los colegios profesionales.

El dirigente de Junts también ha defendido que el problema de la vivienda en Cataluña no es la inversión inmobiliaria, sino la falta de oferta. Según ha asegurado, la comunidad necesita unas 125.000 viviendas nuevas y la propuesta impulsada por los Comunds «no construirá ni una sola» ni incentivará nuevas promociones.

Asimismo, ha advertido de que la aplicación de la norma dependerá de la regulación urbanística de cada ayuntamiento, lo que podría provocar diferencias entre municipios. «Podemos encontrarnos con que Barcelona la aplique y Badalona no», ha ejemplificado.

El Partido Popular ha anunciado que seguirá el mismo camino y solicitará igualmente un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias. La portavoz parlamentaria del PPC, Lorena Roldán, ha argumentado que la iniciativa contiene aspectos que podrían situarse «fuera de la Constitución» y ha acusado al Govern de apostar una vez más por el intervencionismo en lugar de impulsar medidas que aumenten la oferta de vivienda.

Desde el ejecutivo catalán, la consejera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha instado a PP y Junts a retirar su petición y centrar sus esfuerzos en aportar propuestas para afrontar la crisis de la vivienda.

Paneque ha lamentado que ambas formaciones opten por «poner palos en las ruedas» en lugar de convertir el acceso a la vivienda en una prioridad compartida y ha defendido que la iniciativa responde a uno de los principales problemas de los catalanes.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz parlamentaria del PSC, Elena Díaz, quien ha acusado a populares y posconvergentes de dificultar la aprobación de una ley que busca responder a las dificultades de acceso a la vivienda. A su juicio, serán los ciudadanos quienes valoren «quién ha intentado resolver realmente el problema y quién ha puesto más palos en las ruedas».

El portavoz de los Comunes, David Cid, ha elevado el tono y ha acusado a Junts de actuar como «el partido de la patronal inmobiliaria». Según ha afirmado, la formación de Carles Puigdemont, junto al PP y Vox, conforma un «tripartito de la patronal» contrario a cualquier medida de regulación del mercado de la vivienda.

El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias no será vinculante, pero sí obligará a suspender la tramitación mientras el órgano analiza el texto y emite su informe. Ese trámite hace prácticamente imposible que la ley quede aprobada antes del cierre del actual periodo de sesiones, por lo que una de las principales apuestas del Govern de Salvador Illa para intervenir en el mercado de la vivienda tendrá que esperar, previsiblemente, hasta después del verano para completar su recorrido parlamentario.