Vergés niega haber ordenado paralizar la vacunación de policías y se escuda en los criterios del Ministerio

La exconsejera de Salud, Alba Vergés, ha negado este viernes ante la Audiencia de Barcelona haber dado la orden de paralizar la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña, una decisión que en 2021 acabó siendo corregida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras apreciar un trato desigual respecto a los Mossos de Esquadra.

Durante cerca de una hora de declaración, Vergés ha defendido que el Departamento de Salud se limitó a aplicar en todo momento los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que el ritmo de vacunación estuvo condicionado por la escasez de dosis de AstraZeneca.

La exconsejera ha explicado que, tras la suspensión cautelar de esta vacuna el 15 de marzo de 2021 por la alerta sobre posibles trombosis, la campaña se reanudó el 24 de marzo con nuevas limitaciones de edad. Según su versión, el Consejo Interterritorial estableció que AstraZeneca debía administrarse a personas de entre 55 y 65 años, pero en Cataluña solo había unas 100.000 dosis para una población potencial de medio millón de personas de entre 60 y 65 años, además de los colectivos esenciales. Por ese motivo, Salud optó por priorizar inicialmente a las personas de mayor edad dentro de esa franja.

Vergés ha rechazado que esa decisión afectara únicamente a Policía Nacional y Guardia Civil y ha sostenido que también se vieron perjudicados otros colectivos esenciales, como docentes o bomberos. «Nunca ordené detener la vacunación de policías nacionales y guardias civiles», ha asegurado durante su declaración.

Problemas organizativos

La exconsejera también ha atribuido parte de las dificultades a cuestiones organizativas. Ha afirmado que ella no intervino en la logística de la vacunación de ambos cuerpos y ha señalado que posteriormente tuvo conocimiento de que los censos de agentes tardaron en llegar al Departamento de Salud. Según ha dicho, la voluntad de la Generalitat era vacunar a todos los efectivos «con la máxima celeridad» y ha asegurado que, en un primer momento, no recibió quejas formales por parte de los cuerpos estatales.

Sin embargo, el procedimiento judicial parte precisamente de las denuncias presentadas por sindicatos y asociaciones profesionales de Policía Nacional y Guardia Civil, que sostuvieron que los agentes destinados en Cataluña estaban siendo vacunados a un ritmo muy inferior al de los Mossos de Esquadra. Aquella situación llevó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a ordenar a la Generalitat que inmunizara «sin demora» a los efectivos de ambos cuerpos hasta igualar los porcentajes de vacunación de la policía autonómica.

En la misma línea que Vergés ha declarado el exsecretario general de Salud, Marc Ramentol, quien ha negado cualquier voluntad de discriminación. Ramentol ha sostenido, incluso, que Policía Nacional y Guardia Civil recibieron un «tratamiento específico», ya que Salud aceptó desplazar los equipos de vacunación a las propias dependencias policiales después de que los cuerpos rechazaran inicialmente el modelo ordinario de vacunación en centros sanitarios.

Según ha explicado, ese sistema se acordó en una reunión celebrada el 4 de marzo de 2021 y comenzó a aplicarse el 12 de marzo. En los tres días previos a la suspensión de AstraZeneca se vacunó a unos 200 guardias civiles y, tras reanudarse la campaña el 24 de marzo, a otros 700 agentes antes incluso de que el TSJC dictara las medidas cautelares.

Ramentol ha añadido que, cuando la Delegación del Gobierno protestó por el desarrollo de la campaña de vacunación, Salud respondió remitiendo los acuerdos aprobados por el Consejo Interterritorial, asegurando que posteriormente no recibió nuevas objeciones.