ERC pone bajo la lupa el catalán de los directivos de la Fundación Joan Miró y el Mercat de les Flors

Si un candidato cuenta con prestigio internacional, una trayectoria consolidada o el mejor proyecto para dirigir una institución cultural ya no parece ser suficiente para ERC. Los republicanos han puesto el foco en otra cuestión: si habla catalán o cuándo piensa hacerlo. Una batería de preguntas registrada en el Parlament sobre la Fundación Joan Miró y el Mercat de les Flors revela que el interés de Esquerra se centra en cómo verificará la Generalitat el conocimiento de la lengua de sus responsables y qué ocurrirá si no cumplen el compromiso de aprenderla.

Las preguntas parlamentarias se interesan por cuestiones como si el Govern conocía que el catalán no figuraba como requisito obligatorio en los procesos de selección, por qué no promovió cambios en las bases, cómo se comprobará que los directivos alcancen el nivel comprometido al cabo de un año o qué consecuencias tendría un eventual incumplimiento.

Así se desprende de la respuesta remitida por la consejera de Cultura, Sònia Hernández, al Parlament. El Govern recuerda que forma parte del patronato de la Fundación Joan Miró y del consorcio del Mercat de les Flors y que, por tanto, participa en los procesos de selección y conoce sus bases. En ambos casos, explica, los candidatos deben acreditar el conocimiento de una de las dos lenguas oficiales de Cataluña y comprometerse a alcanzar el dominio de la otra en el plazo de un año si todavía no lo poseen.

Por ese motivo, la Generalitat descarta intervenir para modificar o paralizar los procesos de selección y sostiene que su función será velar por que ese compromiso lingüístico se cumpla. En el caso del Mercat de les Flors, el Departamento de Cultura asegura que su directora, María José Cifuentes, está cursando estudios de catalán y que podrá acreditar próximamente su conocimiento de la lengua.

La respuesta del Govern también deja clara su posición respecto a las instituciones culturales en las que participa. Cultura sostiene que, cuando tiene capacidad para hacerlo, exige que los responsables de organismos públicos acrediten, como mínimo, un nivel C1 de catalán y que, cuando los candidatos proceden del extranjero o de fuera de Cataluña, favorecerá su aprendizaje para que puedan utilizar la lengua en el desempeño de sus funciones.

Vox: «Totalitarismo lingüístico»

La batería de preguntas ha provocado la reacción de Vox. El diputado Manuel Acosta considera que los republicanos vuelven a situar el criterio lingüístico por encima de la trayectoria profesional y del prestigio de los candidatos.

«Estamos ante una muestra más del totalitarismo lingüístico asfixiante que se vive en Cataluña. Los partidos separatistas pretenden empobrecernos al imponer una sola lengua: el monolingüismo catalán en una región que tiene dos lenguas desde hace más de 500 años», afirma el parlamentario.

A su juicio, «no les importa lo más mínimo la excelencia, el reconocido prestigio ni la gestión cultural de instituciones como el MACBA, la Fundación Joan Miró o el Mercat de les Flors; su única obsesión es fiscalizar qué idioma emplean los gestores culturales».

Acosta sostiene además que convertir los procesos de selección en «aduanas lingüísticas» supone introducir un filtro ideológico que acaba dificultando la llegada de perfiles internacionales. «Prefieren la mediocridad a la alta cultura», concluye.

Las preguntas de ERC llegan en un momento en el que la Generalitat ha intensificado su política lingüística en distintos ámbitos de la Administración. En las últimas semanas, el Departamento de Salud ha reforzado los programas de formación en catalán para médicos y enfermeros y ha anunciado nuevas medidas para extender el uso de la lengua en la sanidad pública. El debate sobre los requisitos lingüísticos vuelve así a trasladarse al ámbito cultural, donde el conocimiento del catalán se mantiene como uno de los principales frentes de confrontación política.