El gobierno de Illa pide al Tribunal de Cuentas que aplique la ley de amnistía por el 1-O y la acción exterior

El Govern de Salvador Illa ha redoblado este viernes la presión para que la ley de amnistía se aplique también en el Tribunal de Cuentas. La Generalitat ha presentado un escrito en el que solicita el archivo del procedimiento sobre los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y de la denominada acción exterior del 'procés', además del levantamiento de las medidas cautelares que siguen vigentes.

El movimiento se produce apenas una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la compatibilidad de la ley de amnistía con el Derecho de la Unión. Pese a ese pronunciamiento, el Tribunal de Cuentas decidió no aplicar de forma automática la norma y abrió un plazo de diez días para que las partes presentaran alegaciones antes de resolver.

En ese contexto, la Generalitat ha decidido adelantar su posición sin esperar al trámite de audiencia. Lo hace en calidad de administración presuntamente perjudicada por el uso de fondos públicos, una condición que le reconoce la propia Ley de Amnistía, pero lejos de reclamar responsabilidades económicas, solicita precisamente que estas queden extinguidas.

El Ejecutivo catalán sostiene que, a la vista tanto de la sentencia del TJUE como de la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional, procede aplicar la amnistía y dictar una resolución absolutoria. Además, reclama al Tribunal de Cuentas que resuelva dentro del plazo máximo de dos meses previsto en la ley y que deje sin efecto las medidas cautelares adoptadas durante la instrucción.

La causa unificada del Tribunal de Cuentas investiga el presunto uso de dinero público para financiar la preparación y organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, así como los gastos destinados a la promoción internacional del proceso independentista entre 2011 y 2017 a través de Diplocat y de la red de delegaciones de la Generalitat en el extranjero.

En este procedimiento figuran más de una treintena de antiguos responsables políticos, entre ellos los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros que formaron parte de los distintos gobiernos independentistas durante aquellos años.

La Generalitat justifica su iniciativa en la necesidad de actuar con «plena coherencia» con el marco legal vigente y con las resoluciones del Tribunal Constitucional y del TJUE. Según el Govern, el objetivo es contribuir «al cierre definitivo» de uno de los últimos procedimientos de responsabilidad contable todavía abiertos por el desafío independentista de 2017.

La última palabra, sin embargo, la tendrá el Tribunal de Cuentas, que deberá decidir en las próximas semanas si el aval europeo a la ley de amnistía es suficiente para extinguir también las responsabilidades contables derivadas del 1-O y de la acción exterior del 'procés', un asunto que hasta ahora había mantenido al margen de la aplicación automática de la norma.