El fiasco de PISA agrava la crisis educativa catalana: directores y docentes denuncian una gestión «negligente»

La exclusión de Cataluña del informe PISA sigue pasando factura al Departamento de Educación. Fue la propia Generalitat la que detectó, durante la revisión de los datos previa a la publicación de los resultados, que la muestra seleccionada no cumplía los criterios metodológicos establecidos por la OCDE.

En lugar de excluir aproximadamente al 5% del alumnado con necesidades educativas específicas, como prevé el protocolo internacional, en Cataluña se dejó fuera cerca del 23%, un porcentaje que invalida la representatividad de la muestra y deja a la comunidad fuera de los resultados oficiales.

Ante este nuevo despropósito del departamento, la comunidad educativa ha elevado el tono de sus críticas y ha advertido de que el problema va mucho más allá de un fallo administrativo. Sindicatos de profesores y directores sostienen que el episodio supone un duro golpe para la credibilidad del sistema educativo y deja a la Generalitat sin una de las principales herramientas para evaluar el rendimiento de los estudiantes.

Las consecuencias, según los profesionales de la enseñanza, no son menores. Al no formar parte de la comparativa internacional, Cataluña pierde una referencia objetiva para conocer la evolución de su sistema educativo respecto al resto de comunidades autónomas y de los países participantes. Un vacío que llega, además, en un momento especialmente delicado, tras los malos resultados obtenidos en la edición de 2022, que evidenciaron un importante retroceso en competencias como matemáticas, comprensión lectora y ciencias.

Uno de los más contundentes ha sido el portavoz del sindicato de profesores de Secundaria Aspepc-SPS, Andreu Navarra, quien considera que lo sucedido refleja una cadena de «negligencias» dentro de la Administración educativa. A su juicio, resulta especialmente llamativo que el error se produzca pocos meses después de que la Generalitat encargara a la propia OCDE un informe para impulsar mejoras en el sistema educativo catalán y reforzar los mecanismos de evaluación.

En la misma línea se pronuncia la Asociación de Directivos de la Educación Pública de Cataluña (Axia). Su presidente, Jordi Satorra, asegura que los equipos directivos conocieron la exclusión de Cataluña por los medios de comunicación y no a través del Departamento de Educación, una circunstancia que considera impropia de una administración que pretende reforzar la cultura de la evaluación.

Satorra subraya que las pruebas internacionales no son únicamente una clasificación entre territorios, sino una herramienta para orientar las políticas educativas. Sin esos datos comparables, sostiene, la planificación de futuras reformas se apoyará en indicadores mucho más limitados y será más difícil comprobar si las medidas adoptadas por la Generalitat logran mejorar el rendimiento de los alumnos.

Las críticas llegan en un momento especialmente complicado para el Departamento de Educación, que en los últimos años ha tenido que hacer frente al deterioro de los resultados académicos, a las dificultades para implantar el modelo de escuela inclusiva y a las controversias derivadas de los sucesivos cambios en los sistemas de evaluación. El episodio de PISA añade ahora un nuevo motivo de desgaste para el Govern.

Mientras tanto, la Generalitat ha anunciado una auditoría para esclarecer qué falló en el proceso de selección de la muestra y depurar responsabilidades. Sin embargo, el daño reputacional ya está hecho. La comunidad educativa coincide en que el problema no es únicamente haber quedado fuera de PISA, sino la imagen de desorganización que proyecta un error que, a juicio de docentes y directores, era perfectamente evitable.