La AEB carga contra la Generalitat por seguir excluyendo el castellano como lengua vehicular a pesar de las sentencias

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha vuelto a dar la razón a una familia que reclamaba una mayor presencia del castellano en las aulas. En una sentencia dictada el pasado 24 de julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo reconoce el derecho de una alumna a recibir, mientras permanezca escolarizada en el sistema educativo catalán, una enseñanza efectiva y equilibrada en castellano. En la práctica, además de la asignatura de Lengua Castellana, deberá cursar al menos otra materia troncal o equivalente en esta lengua.

La resolución, la sentencia 757/2026, se suma a otros pronunciamientos del alto tribunal catalán que estiman recursos individuales de familias, aunque el TSJC continúa rechazando extender estas medidas al conjunto del sistema educativo.

En este caso, la solicitud de esta familia del Maresme (Barcelona) fue desestimada por silencio administrativo y, posteriormente, la Generalitat defendió en sede judicial el proyecto lingüístico del centro, en el que el castellano quedaba limitado, en la práctica, a la asignatura específica de lengua. El tribunal concluye que esa organización no garantiza una presencia vehicular suficiente del castellano.

La sentencia se apoya en la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que han reiterado que el castellano, como lengua oficial, no puede quedar excluido como lengua de enseñanza. También recuerda que una lengua solo puede considerarse realmente vehicular cuando se utiliza para impartir otras materias además de la asignatura destinada a aprenderla.

La resolución llega además después de que el pasado mes de mayo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmara que Cataluña es una región bilingüe y que la protección del catalán no puede traducirse en la exclusión del castellano como lengua de enseñanza.

Tras conocerse el fallo, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha asegurado que la sentencia pone de manifiesto una situación «insostenible», al considerar que la Generalitat continúa obligando a las familias a acudir a los tribunales para obtener el reconocimiento de unos derechos que, a su juicio, cuentan con una jurisprudencia plenamente consolidada.

La entidad sostiene que la Administración educativa mantiene una práctica contraria a los sucesivos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del propio TSJC, y critica que los tribunales sigan resolviendo los casos de forma individual sin adoptar medidas de alcance general para el conjunto del sistema.

La AEB también cuestiona que el TSJC no imponga las costas procesales a la Generalitat al apreciar «serias dudas de Derecho», pese a la reiteración de la jurisprudencia sobre esta materia. Por ello, reclama que las administraciones competentes garanticen el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales y eviten que el ejercicio de los derechos lingüísticos dependa de que cada familia decida iniciar un procedimiento judicial.