La Vía Guineana o cómo disfrazar a Cataluña de colonia para salvar el procés

Cuando las estrategias convencionales se agotan, cuando los referéndums unilaterales terminan en enredos judiciales y las promesas de independencia en dieciocho meses se convierten en frustración y amargura, cuando los dirigentes deciden huir y otros acaban en la cárcel, surge la necesidad de reinventar el relato. Varias han sido las propuestas, pero la más absurda es la Vía Guineana.

Planteada por Jordi Castellà, abogado, informático, concejal por la formación Primàries en Canet de Mar e investigador vinculado al Institut Nova Història, la tesis sostiene que el camino definitivo hacia la República Catalana no pasa por Bruselas, ni por la insumisión fiscal, ni por los juzgados de Madrid, sino por el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas. Todo se reduce a una ventanilla destinada a los pueblos oprimidos que buscan liberarse del yugo colonial de las potencias europeas.

Guinea Ecuatorial, recuerda Castellà en su libro autoeditado La Via Guineana: per a fer efectiva la independencia, ha sido el único territorio que logró emanciparse de España de manera legal y pacífica bajo el paraguas del derecho internacional. Ocurrió en 1968, cuando el régimen franquista, tras años de presiones en la Asamblea General de la ONU, terminó cediendo la soberanía de lo que entonces eran las provincias ultramarinas de Fernando Poo y Río Muni. Si los guineanos pudieron liberarse de la metrópoli española apoyándose en la Resolución 1514 (XV) de las Naciones Unidas sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, ¿por qué no puede hacerlo Cataluña?

La doctrina diplomática internacional, estructurada durante la gran ola de descolonización de mediados del siglo XX, acuñó lo que en los pasillos de la ONU se conoce como el criterio del agua salada o la doctrina de la sal. Según este principio, un territorio solo se considera colonia si existe una separación geográfica clara, habitualmente un océano o un mar de por medio, entre la potencia administradora y la población sometida, además de una evidente discriminación jurídica, económica y racial.

Imaginar a los diplomáticos de la Asamblea General de la ONU escuchando a una delegación catalana sostener que Cataluña, con su red de AVE, sus autopistas, sus presupuestos autonómicos multimillonarios y su plena representación parlamentaria en las Cortes, es una posesión de ultramar sometida a la crueldad colonial de España, constituye un acto surrealista, esperpéntico y apartado de la realidad.

Para llevar a cabo este plan, Castellà sostiene que el Consell de la República debe refundarse. En su visión, defendida tanto en entrevistas como en sus sucesivas candidaturas a presidir la entidad frente a figuras como Carles Puigdemont, Toni Comín o Jordi Domingo, el Consell no debe aspirar a ser un gobierno autonómico en la sombra ni una mesa de partidos tradicionales. Su referente histórico no son las democracias europeas contemporáneas, sino la Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat o el Frente Polisario del Sáhara Occidental.

La propuesta exige entablar un diálogo bilateral directo con cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU para convencerlos de que incluyan a Cataluña en la lista de Territorios No Autónomos, compartiendo candidatura con Bermudas, Guam, la Polinesia Francesa o el Sáhara Occidental. Su programa electoral para el Consell se articula en erigirse en institución internacional reconocida; reclamar la descolonización formal ante la ONU; reorganizar territorial y financieramente el movimiento; implementar mecanismos de democracia directa y ejecutar una renacionalización lingüística y cultural absoluta.

Imaginemos por un instante las gestiones de la diplomacia catalana ante las delegaciones de Nauru, Kiribati o la propia Guinea Ecuatorial, explicándoles la terrible opresión colonial que sufren los ciudadanos catalanes, cuya renta per cápita supera con creces la media comunitaria. Recordemos que Guinea Ecuatorial estuvo bajo un régimen colonial real, caracterizado por el trabajo forzado, la segregación étnica y la extracción de recursos, mientras que la Cataluña del siglo XXI goza de un autogobierno regional.

No es casualidad que las raíces intelectuales de esta teoría estén vinculadas con los postulados del Institut Nova Història. Existe un hilo conductor entre sostener que el Imperio Español ocultó durante siglos las raíces catalanas de Santa Teresa de Jesús y pretender que la ONU catalogue a esta comunidad como una colonia de explotación pendiente de descolonizar. En ambos casos, el método es el mismo. Tomar una categoría histórica o jurídica real, despojarla de su contexto original y aplicar una realidad local hasta que el sentido común estalle por completo.

Sería equivocado juzgar la Vía Guineana únicamente desde el prisma de la caricatura. Esta propuesta revela la desesperación de un sector del independentismo que, tras constatar el cierre de puertas de la Unión Europea y el fracaso de la vía unilateral, necesita mantener quimeras jurídicas cada vez más exóticas. Cuando las capitales europeas reiteran que la cuestión catalana es un asunto interno español sujeto a la Constitución de 1978, la mirada del nacionalismo desplaza su mirada a las resoluciones anticoloniales de los años sesenta, buscando en la retórica de la Guerra Fría la legitimidad que el derecho constitucional le niega.

La Vía Guineana pasará a la historia del procés como un monumento a la imaginación desbordada y a la nostalgia por una opresión colonial que nunca existió en términos estrictos. Pretender que las Naciones Unidas solucionen el encaje político de Cataluña, tratando a Barcelona como si fuera la Santa Isabel de 1968 o El Aaiún de los años setenta, es una ingenuidad en su desconexión de la realidad geopolítica.

En un mundo sacudido por verdaderas crisis coloniales y conflictos bélicos devastadores, pedir audiencia a la ONU, en condición de pueblo esclavizado, es negar la realidad de cómo realmente se vive en Cataluña. Un pueblo esclavizado o sometido a una dictadura como la de Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial no permitiría a Castellà autoeditarse su libro. Esto es libertad democrática, algo que no entiende Castellà. Cosa muy distinta es que, al cruzar el umbral en Ginebra o en Manhattan, los diplomáticos consigan reprimir la carcajada y disimular el rubor al escuchar semejante propuesta.