De las huelgas al fiasco de PISA: cuatro años de crisis y errores de gestión en Educación

El escándalo por las pruebas PISA de 2025 no ha surgido de la nada. El error que impedirá comparar los resultados de Cataluña con los del resto de comunidades y países participantes es el último episodio de una larga sucesión de crisis que, desde 2022, han puesto en cuestión la capacidad de gestión de la Consejería de Educación. Huelgas históricas, oposiciones que tuvieron que repetirse, adjudicaciones de plazas cuestionadas, el colapso de la Formación Profesional y el desplome del rendimiento académico han marcado cuatro años especialmente convulsos para uno de los departamentos más sensibles de la Generalitat.

El primer gran terremoto llegó en la primavera de 2022. El entonces consejero Josep Gonzàlez-Cambray decidió adelantar el inicio del curso escolar una semana sin el respaldo de los sindicatos. La medida desencadenó una de las mayores movilizaciones del profesorado de las últimas décadas, con varias jornadas de huelga, manifestaciones multitudinarias y una ruptura casi total del diálogo entre el Departamento y la comunidad educativa. La crisis acabó desgastando políticamente al consejero y marcó el resto de su mandato.

Apenas unos meses después, Educación volvía a quedar en el centro de la polémica. Las oposiciones para docentes celebradas en 2023 estuvieron plagadas de incidencias organizativas: tribunales desbordados, aspirantes que denunciaron irregularidades y pruebas que finalmente tuvieron que repetirse para miles de candidatos. La magnitud del problema terminó provocando la destitución de la directora general de Profesorado, un hecho poco habitual que evidenció el alcance del fracaso administrativo.

Ese mismo año llegó otro golpe todavía más profundo. Los resultados de PISA 2022 situaron a Cataluña ante su peor retroceso educativo desde que participa en la evaluación internacional. Los alumnos catalanes registraron fuertes caídas en matemáticas, comprensión lectora y ciencias, quedando por debajo de la media española y de la OCDE. El informe abrió un intenso debate sobre el estado del sistema educativo y obligó a la Generalitat a anunciar medidas de choque para intentar revertir la tendencia.

Cuando el Govern de Salvador Illa tomó posesión y Esther Niubó asumió la Consejería de Educación, el objetivo era precisamente recuperar la estabilidad. Sin embargo, el verano de 2024 volvió a evidenciar importantes problemas de gestión. El proceso de adjudicación de plazas para los nuevos funcionarios docentes terminó generando más de 3.500 recursos después de que el Departamento modificara los criterios de asignación durante el propio procedimiento. Sindicatos y afectados denunciaron falta de planificación, inseguridad jurídica y cambios de reglas cuando el proceso ya estaba en marcha.

Prácticamente al mismo tiempo, la Formación Profesional volvió a convertirse en otro quebradero de cabeza para la administración. Miles de estudiantes quedaron inicialmente sin plaza en el ciclo solicitado, mientras otras vacantes permanecían sin cubrir. La Generalitat se vio obligada a abrir nuevas adjudicaciones extraordinarias durante el verano para recolocar a los alumnos y reconocer que el sistema necesitaba una profunda revisión. Las críticas por la falta de previsión se repitieron por segundo año consecutivo.

Y cuando parecía que el Departamento comenzaba a recuperar cierta normalidad, estalló el episodio que ahora centra toda la atención. La Generalitat ha reconocido que la muestra utilizada en las pruebas PISA de 2025 incumplía los criterios fijados por la OCDE al excluir al 23,2 % del alumnado seleccionado, cuando el límite recomendado es del 5 %. Como consecuencia, Cataluña no podrá comparar sus resultados ni con los obtenidos en anteriores ediciones ni con los del resto de territorios participantes.

La polémica se ha agravado todavía más después de conocerse que el Ministerio de Educación detectó ya en abril de 2025 que el porcentaje de exclusiones superaba el permitido, aunque el problema no trascendió públicamente hasta más de un año después. La consejera Esther Niubó ha defendido que se trató de una «incidencia técnica», ha anunciado una investigación interna y ha prometido depurar responsabilidades si se detectan errores.

En apenas cuatro años, la Consejería de Educación ha tenido que hacer frente a una concatenación de crisis que va desde conflictos laborales y fallos administrativos hasta problemas estructurales del sistema educativo. El fiasco de PISA se ha convertido así en el último capítulo de una etapa marcada por los tropiezos de gestión, en un departamento que sigue buscando recuperar la confianza de docentes, alumnos y familias.