La «ONG del catalán» exige multar más a los negocios que usan el español: «¿Seducir? No, hay que sancionar»

Uno de los caballos de batalla de las entidades bandera del nacionalismo catalán es la presencia del catalán en la vía pública y, en particular, en los comercios. De ahí que en los últimos años organizaciones como Plataforma per la Llengua –la autodenominada «ONG del catalán»– vengan azuzando a sus miembros y seguidores a presentar denuncias ante la Agencia Catalana de Consumo (ACC) si ven que algún negocio no rotula o atiende como mínimo en catalán.

La maniobra –aplaudida por todo el espectro político independentista, desde Junts o ERC hasta Aliança Catalana– ha tenido frutos, y el año pasado el gobierno liderado por el socialista Salvador Illa batió el récord histórico de sanciones. En concreto, en 2025 la ACC impuso un total de 486 sanciones por «vulneración de derechos lingüísticos», sumando un importe total de 715.284 euros, la cifra más alta desde la creación de este organismo, en el año 2004.

El anterior récord lo ostentaba el predecesor de Illa, el republicano Pere Aragonès: en 2023 su gobierno impuso 261 sanciones por no usar el catalán. Pese a todo, desde Plataforma per la Llengua no están satisfechos, y piden más: en respuesta a los datos que recogen una caída del uso social del catalán en todos los ámbitos, desdeñan enfoques en positivo y reclaman una aplicación más dura de la ley.

¿Seducir o imponer?

Así lo han vuelto a dejar claro esta semana, en una serie de publicaciones en X al hilo de un editorial publicado por el Diari de Sabadell en el que se criticaba el enfoque sancionador nacido de la «frustración» y se pedía un enfoque de promoción del catalán en positivo, pensado con el objetivo de «seducir» a los nuevos parlantes con incentivos y recursos, para que el catalán «vuelva a ser atractivo».

La «ONG del catalán» rechaza de plano este enfoque. «¿Seducir? No, hace falta informar, pero también sancionar los incumplimientos», insisten desde la entidad, recordando que la ley de política lingüística vigente desde 1998 establece la obligación de que los comercios rotulen al menos en catalán, y que las multas previstas por no respetar este mandato pueden llegar a los 10.000 euros, o los 100.000 en caso de reiteración.

Plataforma per la Llengua también trae a colación que uno de sus principales modus operandi es organizar campañas de inspectores lingüísticos que visitan los comercios y amenazan a sus propietarios con futuras multas si no se atienen a la norma. En jerga de la entidad, se trata de «recordarles la normativa e informarles de los derechos lingüísticos de los consumidores».

En Sabadell –ciudad donde se ubica el periódico local que dio el pistoletazo de salida a esta reciente polémica–, los participantes en esta campaña denunciaron «más de 300 comercios». «Ahora hace falta ponerle solución», sentencian, reclamando además a los ayuntamientos que impongan sanciones propias «como método disuasorio», además de las multas de la Generalitat.