La bandera catalana, en una imagen de archivo
Cataluña
Activistas nacionalistas lanzan un mapa para identificar qué negocios usan el catalán y amenazar a los que no
El proyecto 'Tenim llengua' está asesorado por Plataforma per la Llengua
Dos activistas nacionalistas catalanes publicaron hace unos meses una nueva herramienta digital, Tenim llengua, para identificar a los «comercios comprometidos con la lengua catalana». La iniciativa, que cuenta con el asesoramiento de la autodenominada «ONG del catalán», Plataforma per la Llengua (PxL), funciona como un mapa interactivo en el que los usuarios pueden dejar comentarios y valorar qué negocios usan el catalán.
Con todo, Tenim llengua no es solamente una iniciativa para valorar los comercios que hacen una buena labor, sino también para identificar a los que no, y exponerlos a una denuncia ante la Generalitat que culmine en una multa. En declaraciones recogidas por El Món en relación a este proyecto, el coordinador de Empresa y Consumo de PxL, Xavier Dengra, lo evidencia: «El consumo estratégico también se basa en penalizar a quien no lo hace lo suficientemente bien».
El proyecto actual toma el relevo, conceptualmente, de la campaña Consumo Estratégico impulsada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), cerrada desde el año 2020 por orden judicial, a raíz de una denuncia de la patronal Foment del Treball que consideraba que se trataba de un acto de boicot.
En el caso de Tenim llengua, sus impulsores creen –recoge El Món– que «es una posibilidad» que alguien emprenda acciones legales contra el proyecto, pero defienden que no ven base legal para temer. «Lo único que hacemos es poner una herramienta para que la gente valore los comercios que visita, como lo pueden hacer a través de las redes sociales o Google».
El activismo lingüístico vive un momento particularmente enérgico, en particular en lo referente a las denuncias. El año pasado, el gobierno de la Generalitat liderado por el socialista Salvador Illa batió el récord histórico de sanciones, imponiendo un total de 486 sanciones por «vulneración de derechos lingüísticos», sumando un importe total de 715.284 euros, la cifra más alta desde la creación de este organismo, en el año 2004.