El líder de Junts, Carles Puigdemont, y la de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en sendas imágenes de archivoEuropa Press

Cataluña

Puigdemont se queda sin tiempo para neutralizar a Orriols mientras crecen las voces que le piden pactar

A nueve meses de las elecciones municipales, Junts aún debe decidir cómo gestionar el auge de Aliança Catalana

Si para algo está sirviendo la 58ª edición de la Universidad Catalana de Verano (UCE) –el encuentro nacionalista anual que reúne a políticos y académicos independentistas en la localidad francesa de Prades– es para constatar lo lejos que está el secesionismo actual de la unidad vivida durante el procés, y hasta qué punto la irrupción de Aliança Catalana (AC) ha quebrado la posibilidad de recuperarla.

Los principales damnificados por el auge de los de Sílvia Orriols son los de Junts: la formación liderada por Carles Puigdemont pierde casi uno de cada tres votantes por esta vía, según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO), que pronostica un escenario trágico para los postconvergentes. Según esta encuesta, Junts perdería casi 20 diputados en unas hipotéticas elecciones catalanas y AC conseguiría el sorpasso, quedando como tercera fuerza.

Otras encuestas publicadas recientemente apuntan en la misma dirección, alimentando el nerviosismo en el seno de Junts, donde cada uno ofrece su propia receta para lidiar con la alcaldesa de Ripoll. Ante la perspectiva de unas elecciones autonómicas en mayo de 2027 complicadas, algunas voces del entorno postconvergente optan por abrir la puerta a los pactos.

Es el caso del exdirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) David Madí, antigua mano derecha de Artur Mas. En una entrevista concedida a La Vanguardia hace unos días, Madí defendió que Junts no debería aplicar «cordones sanitarios» a AC: «No soy partidario de cordones sanitarios, sino de avanzar, y puede haber acuerdos con Aliança que funcionen y otros que no», dijo.

El propio Mas asumió públicamente esta misma posición hace algo menos de un año, cuando las encuestas aún no recogían el sorpasso de AC. En febrero, el presidente del Consell de la República también defendió los pactos con los de Orriols, y más recientemente el rapero Valtònyc –compañero de Puigdemont en Waterloo– hizo lo propio en una columna en VilaWeb, bajo la tesis de que «solo seremos independientes cuando aceptemos al hijo de puta (sic) que tenemos al lado».

La receta de Junts

Frente a estas presiones externas, el núcleo duro de Junts opta por cargar las tintas contra AC. El presidente del Parlament, el juntaire Josep Rull, advirtió este martes que “los que hacen un planteamiento etnicista ponen en riesgo la viabilidad de la nación y el proyecto de independencia" de Cataluña, y en la misma línea se expresó este miércoles el número dos de la formación, Jordi Turull.

En su intervención en la UCE, Turull cargó con dureza contra Aliança, a quienes acusó de formar parte de la «nómina de las cloacas del Estado». «Me reafirmo cada día más en mi convicción de que lo que hemos de combatir si queremos salvar la nación es justamente el incremento de los discursos del odio», dijo, y añadió que «nuestro enfrentamiento de verdad es con el Estado, no con los ciudadanos que han optado por que este sea su país y el de sus hijos».

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una imagen de archivoEuropa Press

Así, desde la cúpula de Junts siguen insistiendo en que su intención es neutralizar el discurso de Orriols a través de la cesión de las competencias en inmigración. Lo explicitó este miércoles Turull, y también lo expresó el lunes la expresidenta del Parlament Laura Borràs, condenada por trocear contratos y luego indultada por el Gobierno.

Borràs, a quien se recolocó al frente del think tank de Junts cuando Puigdemont recuperó la presidencia del partido, defendió en su ponencia de la UCE que el populismo «no se combate negando el problema, sino resolviéndolo, y esto es especialmente importante cuando hablamos de inmigración».

La receta de Borràs tampoco es nada nuevo, sino que es la línea que ha venido defendiendo el partido desde que la irrupción de AC les llevó a endurecer sus posiciones: a saber, que la solución pasa por transferir las competencias de inmigración a Cataluña «para ordenar flujos, para garantizar servicios, hacer del catalán la lengua de integración y para construir sentido de pertenencia para vivir en comunidad».

Lo mismo defendió Rull, que abogó por la «capacidad constante de integrar» del independentismo, y defendió que Cataluña tenga las competencias para gestionar la inmigración. Sin embargo, el traspaso de competencias no ha llegado, ni se le espera: Pedro Sánchez se lo prometió a Puigdemont, pero Podemos lo bloqueó en el Congreso, junto a PP y Vox, mientras que AC no deja de subir en las encuestas. Mayo de 2027 es una cita marcada en rojo para ambas formaciones.