Miembros del grupo municipal de VOX
VOX exige la dimisión del Gobierno de Collboni y indemnizaciones urgentes para los damnificados por el socavón de Sarrià-Sant Gervasi
El partido denuncia que 18 familias y 7 comercios del Putxet no podrán volver a sus casas y negocios hasta enero de 2027, y acusa al Ayuntamiento de ignorar sus advertencias previas al derrumbe
Dieciocho familias sin hogar y siete comercios al borde del cierre. Ese es el balance, casi dos meses después, del socavón que se abrió el pasado 7 de julio en la calle Sant Gervasi de Cassoles, en el barrio de El Putxet, a causa de las obras de la línea 9 del metro de Barcelona. El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento ha elevado la presión sobre el gobierno socialista de Jaume Collboni al confirmarse que los vecinos afectados no podrán regresar a sus viviendas ni reabrir sus negocios, como mínimo, hasta enero de 2027.
El presidente del grupo municipal, Gonzalo de Oro, ha exigido «dimisiones, responsabilidades e indemnizaciones ya» para quienes han visto peligrar su sustento y su hogar por lo que califica de pura incompetencia municipal. «Es una auténtica vergüenza cómo la administración pública actúa contra el ciudadano, sometiendo a personas mayores a vivir en hoteles y fiscalizando sus gastos hasta el último ticket mientras les han arruinado la vida», ha denunciado el dirigente, que ha anunciado que su formación organizará en los próximos días un acto de protesta junto a los vecinos y comerciantes damnificados.
Más grave aún resulta, según VOX, que la tragedia pudiera haberse evitado. El consejero de distrito Carlos Oliva ha revelado que su partido ya había alertado formalmente, un mes antes del derrumbe, sobre el riesgo que entrañaban las obras y el levantamiento del pavimento en la zona. «Llevamos el asunto al Consejo de Barrio de La Bonanova y este gobierno negó sistemáticamente el problema», ha lamentado Oliva, quien sostiene que lo ocurrido «no fue una fatalidad inevitable, sino el resultado de ignorar las alarmas que ya habíamos puesto sobre la mesa».
Desde la formación insisten en que mantendrán la presión institucional hasta que se depuren responsabilidades políticas y se garantice una compensación urgente a las familias y comerciantes que, meses después del suceso, siguen pagando las consecuencias de una gestión que consideran negligente.