Romero celebra que la mayoría de las comunidades del PP acudan al Consejo de Política Fiscal

La propuesta de financiación autonómica afronta este viernes un nuevo paso en su tramitación, con Alícia Romero intentando rebajar la tensión territorial y, sobre todo, despejar el camino para que el acuerdo pueda llegar al Congreso. La consejera de Economía y Finanzas considera una «buena noticia» que la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP hayan acudido al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque algunas hayan decidido no participar.

Romero ha defendido que la presencia en el órgano de coordinación entre el Estado y las autonomías responde a una cuestión de «responsabilidad institucional». A su juicio, los gobiernos autonómicos deben acudir a la reunión para defender los intereses de sus ciudadanos, incluso cuando su posición sea contraria a la propuesta planteada por el ejecutivo de Pedro Sánchez. La ausencia de Madrid, en cambio, ha sido señalada expresamente por la consejera: tendrá que explicar, ha dicho, «cómo dejan la silla vacía de los ciudadanos que representan».

La reunión de este viernes constituye un paso previo para que el nuevo modelo de financiación inicie su recorrido parlamentario. Cataluña prevé votar a favor de la reforma, que el Govern sostiene que permitirá disponer de unos 4.700 millones de euros adicionales. Romero ha insistido en que el sistema mantiene el principio de ordinalidad y abre una «ventana de oportunidad» para mejorar la financiación de los servicios públicos.

El principal escollo político, sin embargo, se encuentra ahora en el Congreso. Junts se opone al modelo porque considera que no concede a Cataluña la autonomía financiera que reclama y mantiene como alternativa un sistema de concierto económico similar al de País Vasco y Navarra. Ante esta posición, Romero ha vuelto a reclamar a la formación de Carles Puigdemont que no impida la tramitación de la reforma.

La estrategia de la consejera pasa por separar la tramitación parlamentaria de la negociación política. Junts, ha planteado, debería permitir que la propuesta avance y aprovechar después el debate en las Cortes para plantear modificaciones. «Podemos negociar aquellas mejoras que consideren, pero no bloqueemos», ha reclamado.

Romero considera que disponer de más recursos debe situarse por encima de las diferencias políticas, especialmente por su impacto en ámbitos como la sanidad, la educación y las políticas sociales. «Es muy importante tener más recursos para mejorar los servicios públicos», ha defendido.

El precedente de 2009

La consejera confía en que los plazos puedan ser relativamente rápidos. Su previsión es que el nuevo sistema pueda quedar aprobado en los próximos tres o cuatro meses, incluso antes de que termine el año. Para respaldar este calendario, ha recurrido al precedente de la anterior reforma, aprobada en 2009: la propuesta llegó al Congreso después del verano y el nuevo modelo quedó aprobado antes de finalizar el ejercicio.

Romero también ha restado dramatismo a las discrepancias dentro del propio bloque socialista. Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE, tienen previsto votar en contra. La consejera ha asegurado, no obstante, que mantiene una relación «permanente» con ambos gobiernos y se ha mostrado convencida de que durante la tramitación parlamentaria habrá margen para trabajar conjuntamente.