El gobierno de Illa vería «ideal» aprobar la nueva financiación antes de Navidad, pero Junts se hace de rogar

El Gobierno catalán aspira a que el nuevo sistema de financiación autonómica quede aprobado antes de que termine el año, aunque evita comprometerse con un calendario cerrado. Así lo ha trasladado este martes la consellera de Territorio y portavoz del Ejecutivo de Salvador Illa, Sílvia Paneque, tras el Consell Executiu, en un intento por tender puentes hacia Junts, cuyo respaldo resulta indispensable para que la reforma supere el trámite en el Congreso de los Diputados. La respuesta de la formación de Carles Puigdemont, sin embargo, no deja lugar a dudas: mantiene su intención de presentar una enmienda a la totalidad que bloquearía el debate parlamentario de la propuesta.

Paneque ha reconocido que el «horizonte ideal» sería ver aprobado el nuevo modelo antes de que arranque 2027, pero ha matizado que lo determinante no es la velocidad sino «asegurar los apoyos necesarios». La portavoz ha apelado a la tramitación en la Cámara Baja como una «oportunidad» para incorporar cambios que satisfagan a Junts y a otros grupos, aunque ha evitado precisar qué concesiones estaría dispuesto a asumir el Govern más allá de ajustes en variables como el coste de la vida o la población ajustada.

El trasfondo no es menor. El nuevo modelo, pactado entre el Ministerio de Hacienda y ERC, superó el pasado 4 de septiembre su primer examen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el único respaldo de Cataluña y Canarias, mientras las comunidades gobernadas por el PP, junto con Asturias y Castilla-La Mancha, votaron en contra. La reforma inyectaría 20.975 millones de euros adicionales al conjunto de autonomías en 2027, elevando la cesión del IRPF del 50% al 55% y la del IVA del 50% al 56,5%. De esa bolsa, Cataluña recibiría en torno a 4.700 millones, una cifra similar a la que se llevaría Andalucía, que encabeza el reparto con cerca de 4.846 millones, lo que desmonta la idea de un trato excepcional para la región catalana pese a la insistencia del independentismo en reclamar un «cupo» propio.

Precisamente ahí radica el obstáculo. El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, ha sostenido que el acuerdo del CPFF «certifica que no hay un sistema de financiación singular ni llave de la caja para Cataluña» y lo ha calificado de «café para todos», reclamando en su lugar un concierto económico al estilo vasco. Para los de Puigdemont, un sistema diseñado para veinte años resulta «insuficiente» y nace, subrayan, sin los votos necesarios para prosperar, por lo que lo tachan de «brindis al sol».