Tres entidades piden a Illa que la Generalitat rotule sus edificios públicos en catalán y castellano

Tres entidades defensoras del bilingüismo en Cataluña han reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que impulse la rotulación y señalización en catalán y castellano de los edificios, dependencias y espacios públicos de la Administración autonómica y de su sector público.

La Fundación Impulso y Cooperación, la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) e Impulso Ciudadano han registrado conjuntamente esta petición al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/2001, que regula el derecho de petición. La iniciativa pretende que la Generalitat modifique sus criterios de señalización para garantizar una presencia equivalente de las dos lenguas oficiales, respetando además el régimen del aranés.

La petición llega después de que el Tribunal Supremo estableciera, en su sentencia de 1 de julio, que no es conforme a Derecho excluir el castellano de la rotulación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. El fallo, promovido por la AEB, considera que los carteles y señales forman parte de la comunicación de la Administración con los ciudadanos y que excluir una lengua oficial puede generar una diferencia de trato injustificada.

Las tres organizaciones consideran que este criterio debe llevar a la Generalitat a revisar no solo la señalización de los centros educativos, sino también la del conjunto de sus edificios y espacios públicos. En su escrito sostienen que los manuales técnicos de la Administración autonómica establecen actualmente el catalán como lengua de señalización y relegan el castellano a situaciones excepcionales.

En concreto, señalan al Manual de señalización de espacios interiores de la Generalitat, integrado en el Programa de Identificación Visual, que, según las entidades, establece el catalán como lengua de señalización y contempla una segunda lengua únicamente de forma excepcional y gráficamente subordinada.

Por ello, solicitan a Illa que impulse una estrategia común para toda la Generalitat, revise la regulación de la señalización exterior e interior y adapte los pliegos de contratación, proyectos y manuales técnicos para incorporar las dos lenguas oficiales con información equivalente y una legibilidad comparable.

En las escuelas

La petición dedica un apartado específico a los centros educativos. Las entidades reclaman que el Departamento de Educación revise de inmediato sus instrucciones de organización y gestión y las directrices sobre los proyectos lingüísticos de los centros sostenidos con fondos públicos para eliminar la exclusión del castellano de la rotulación.

La sentencia del Supremo afecta directamente a este ámbito. El tribunal anuló la previsión que imponía la rotulación exclusivamente en catalán y estableció como doctrina que no puede excluirse el castellano de la señalización de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. La propia Generalitat había advertido durante el procedimiento de que una estimación del recurso podía obligar a modificar la señalización de los 5.433 centros docentes existentes en Cataluña.

Más allá de los colegios e institutos, las entidades defienden que el principio de cooficialidad debe reflejarse también en hospitales, oficinas, dependencias administrativas y otros espacios públicos de la Generalitat. Su propuesta incluye un calendario público de implantación, una evaluación económica, responsables concretos e indicadores de seguimiento. Plantean empezar por actuaciones de menor coste y aprovechar posteriormente la reposición ordinaria de la señalética.

El escrito sostiene que la petición no pretende cuestionar las políticas de promoción del catalán, sino garantizar, según las organizaciones, la presencia normalizada de las dos lenguas oficiales. También reclaman que la Generalitat impulse recomendaciones similares ante otras administraciones públicas dentro de sus respectivas competencias.

Ahora corresponde a la Administración acusar recibo de la petición y tramitarla conforme a la Ley Orgánica 4/2001. La norma establece un plazo de diez días para comunicar el recibo y prevé que, una vez admitida a trámite, el órgano competente deba responder y notificar su decisión en un máximo de tres meses.

Las tres entidades han ofrecido además su colaboración a la Generalitat y han solicitado una audiencia con el presidente para abordar la adaptación de la señalización. Próximamente prevén abrir la iniciativa a la adhesión ciudadana.