Nueve años después del 1-O: qué ha sido de los líderes de un procés apagado en la calle, pero no enterrado en el discurso

Han pasado nueve años desde el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y desde la posterior declaración unilateral de independencia que llevó a buena parte de los dirigentes del llamado procés ante los tribunales, a prisión o al extranjero. Los protagonistas de aquella operación política han seguido caminos muy distintos.

Algunos continúan en primera línea. Otros han abandonado la política. Y varios siguen pendientes de que los tribunales apliquen definitivamente la Ley de Amnistía. El Tribunal Constitucional ha abierto ya la puerta a que la medida alcance la malversación por la que fueron condenados algunos de los principales dirigentes, aunque todavía no se ha producido la aplicación definitiva a estos casos.

Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat, fue el máximo responsable político del referéndum del 1-O y de la declaración unilateral de independencia. No llegó a ser juzgado ni condenado porque abandonó España antes de ser procesado y permanece en Bélgica. El Tribunal Supremo le atribuye delitos relacionados con la organización del proceso independentista y mantiene contra él una orden nacional de detención por malversación.

En septiembre, el juez Pablo Llarena volvió a rechazar su petición de que se le aplicara la amnistía por este delito. La decisión queda ahora condicionada por la doctrina que establezca el Tribunal Constitucional sobre la malversación. Puigdemont continúa así en Waterloo, donde mantiene su actividad política como presidente de Junts y ha sido uno de los actores decisivos de la política española desde la investidura de Pedro Sánchez.

Oriol Junqueras, vicepresidente del Govern en 2017 y otro de los responsables políticos de la organización del referéndum desde el área económica, fue el dirigente que recibió la condena más elevada: 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por sedición y malversación. En 2021 recibió el indulto del Gobierno, que le permitió salir de prisión, aunque mantuvo la inhabilitación. Posteriormente, la reforma del Código Penal eliminó el delito de sedición, pero la condena por malversación siguió teniendo consecuencias.

Junqueras recuperó la presidencia de ERC y continúa al frente del partido. En la actualidad participa activamente en la política catalana y en las negociaciones con el Gobierno. Sigue inhabilitado y reclama que se aplique la amnistía para recuperar plenamente sus derechos políticos y volver a ser el candidato de los republicanos en las próximas elecciones autonómicas.

Jordi Turull, exconsejero de Presidencia y portavoz del Govern, fue uno de los principales miembros del Ejecutivo de Puigdemont durante el 1-O. El Supremo le condenó a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por sedición y malversación. También recibió el indulto en 2021 y recuperó la libertad, pero mantuvo las consecuencias de la inhabilitación.

Desde entonces ha regresado a la dirección de Junts y ocupa la Secretaría General del partido. Su situación judicial es especialmente relevante porque su recurso ante el Tribunal Constitucional está en el origen de la nueva doctrina sobre la amnistía de la malversación. El Pleno del Constitucional no aprobó el 22 de septiembre la ponencia que rechazaba su amparo y prepara ahora una nueva resolución.

Raül Romeva, consejero de Exteriores, fue condenado también a 12 años de prisión por sedición y malversación. Como Junqueras, Turull y Bassa, recibió el indulto en 2021. La amnistía todavía no se ha aplicado definitivamente a su condena por malversación y su recurso permanece pendiente de la doctrina constitucional.

Después de salir de prisión ha mantenido su vinculación con ERC y con el movimiento independentista, aunque con un perfil político menor que el que tenía durante el Govern de 2017.

Dolors Bassa, entonces consejera de Trabajo, fue condenada a 12 años por sedición y malversación. También fue indultada en 2021, después de haber pasado por prisión. La condena de malversación es precisamente uno de los casos sobre los que debe pronunciarse el Tribunal Constitucional en la aplicación de la amnistía.

Bassa ha mantenido su vinculación con ERC, aunque alejada de la primera línea institucional que ocupó durante el procés. Su futuro judicial depende ahora de la resolución constitucional sobre la malversación.

Josep Rull ocupaba la Consejería de Territorio y Sostenibilidad en el Govern de Puigdemont. El Supremo le condenó a 10 años y seis meses de prisión por sedición, sin condenarle por malversación. Fue indultado en 2021.

Su trayectoria posterior le ha llevado de nuevo a una de las instituciones que protagonizaron el procés: en 2024 fue elegido presidente del Parlament de Cataluña. Su caso presenta una particularidad: aunque ya no cumple la pena de prisión y no mantiene aquella inhabilitación, ha reclamado que se aplique la amnistía para eliminar las consecuencias de sus antecedentes.

Carme Forcadell, presidenta del Parlament durante la aprobación de las llamadas leyes de desconexión y durante el referéndum, fue condenada a 11 años y seis meses de prisión por sedición. El Supremo consideró determinante su papel en la tramitación parlamentaria de aquellas leyes pese a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Fue indultada en 2021 después de casi tres años en prisión.

Desde entonces se ha alejado de la primera línea política. Sin embargo, su situación judicial no está completamente cerrada. Forcadell ha pedido que se le aplique la amnistía y que se cancelen sus antecedentes, una petición que el Supremo todavía no ha atendido. Ella misma ha explicado que los antecedentes le impedirían volver a trabajar como funcionaria, aunque actualmente está jubilada.

Los dos dirigentes sociales del procés, los llamados Jordis, también tuvieron un papel central en las movilizaciones de septiembre y octubre de 2017.

Jordi Sànchez, entonces presidente de la ANC, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, fueron condenados a nueve años de prisión por sedición. El Supremo consideró que su capacidad de movilización había sido determinante durante aquellas jornadas. Ambos recibieron el indulto en 2021.

Su trayectoria posterior ha sido muy diferente a la de los dirigentes de ERC y Junts. Sànchez se ha apartado de la política partidista después de haber ocupado puestos de responsabilidad en Junts. Cuixart también abandonó la presidencia de Òmnium y ha continuado vinculado al activismo social y a la defensa de los derechos civiles.

El grupo que presenta una situación distinta es el de Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó. Los tres eran consejeros del Govern de Puigdemont, pero fueron condenados únicamente por desobediencia. El Supremo los absolvió de la malversación y no les impuso penas de prisión: recibieron una multa de 60.000 euros y un año y ocho meses de inhabilitación.

Santi Vila, consejero de Empresa y uno de los dirigentes que se mostró más crítico con la estrategia de la declaración unilateral de independencia, dimitió del Govern el 27 de octubre de 2017, horas antes de que el Parlament aprobara la declaración. Después de la sentencia se alejó de la política partidista y ha mantenido actividad en el ámbito de la gestión y la opinión pública.

«Ho tornarem a fer»

Nueve años después del 1-O, la fotografía de la calle ha cambiado radicalmente. Ya no se suceden las movilizaciones masivas de 2017 ni las jornadas de disturbios que se vivieron en octubre de 2019 después de la sentencia del Tribunal Supremo. Aquellas imágenes de barricadas, contenedores ardiendo y enfrentamientos con la Policía han desaparecido de la vida cotidiana de Cataluña.

El independentismo continúa movilizando a miles de personas, pero su capacidad de presión social está lejos de la que tuvo durante los años más intensos del procés. También ha perdido el control de la Generalitat: desde 2024 el gobierno catalán está presidido por el socialista Salvador Illa.

Sin embargo, dar por muerto el procés es precipitado y dista mucho de la realidad. Sus principales partidos siguen defendiendo la independencia y algunos de sus dirigentes continúan utilizando la misma expresión que se hizo célebre después del 1-O: «Ho tornarem a fer» (lo volveremos a hacer). Oriol Junqueras ha defendido que, cuando vuelva a existir una oportunidad, el independentismo volverá a intentarlo, mientras que el presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha llegado a afirmar este mismo mes que «lo volveremos a hacer y esta vez lo haremos mejor».

Y, aunque la movilización callejera haya perdido fuerza, los partidos independentistas han conseguido trasladar parte de sus reivindicaciones al terreno de la negociación política en Madrid. Y han conseguido muchas cosas, más incluso que con el órdago de 2017.

El punto de inflexión llegó con las elecciones generales de julio de 2023. El PSOE necesitaba los votos de ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez y los partidos independentistas aprovecharon su posición parlamentaria para arrancar compromisos al Gobierno.

Uno de los primeros fue la eliminación del delito de sedición del Código Penal. La reforma aprobada en 2022 sustituyó aquel delito por el de desórdenes públicos agravados. La medida tuvo una consecuencia directa sobre los condenados por el procés, aunque no eliminó las penas de inhabilitación vinculadas a la malversación. El propio Oriol Junqueras ha reivindicado posteriormente aquella reforma como uno de los resultados obtenidos por ERC en su negociación con el PSOE.

Después llegaron los indultos de 2021, concedidos por el Gobierno a los nueve dirigentes independentistas condenados a penas de prisión. El indulto permitió que salieran de la cárcel, pero no borró sus antecedentes ni las penas de inhabilitación.

Y, posteriormente, la medida de mayor alcance: la Ley de Amnistía, aprobada por las Cortes en junio de 2024. La norma cubre los actos vinculados al proceso independentista cometidos entre noviembre de 2011 y noviembre de 2023 y pretende extinguir las responsabilidades penales, administrativas y contables relacionadas con aquellos hechos.

La aplicación de esa ley ha provocado una nueva batalla judicial, especialmente por la malversación. Pero el escenario ha cambiado sustancialmente en las últimas semanas y el Tribunal Constitucional se dispone a cerrar el debate sobre la aplicación de la amnistía a los principales condenados.

A las medidas estrictamente judiciales se han sumado acuerdos económicos y competenciales. El Estado ha comprometido la condonación de una parte sustancial de la deuda de la Generalitat; el Gobierno cifra la cantidad correspondiente a Cataluña en más de 17.000 millones de euros.

También se ha puesto en marcha el camino hacia una financiación singular para Cataluña, con más capacidad normativa y de gestión tributaria para la Agencia Tributaria catalana y un progresivo aumento de sus competencias sobre los impuestos. El acuerdo alcanzado en julio de 2025 contempla, entre otras cuestiones, que la Agencia Tributaria de Cataluña pueda asumir progresivamente funciones en la gestión del IRPF.

Otro de los grandes compromisos ha sido el traspaso de Rodalies. El proceso está en marcha y en febrero de 2025 el Gobierno y la Generalitat acordaron la creación de una nueva empresa ferroviaria, con participación mayoritaria de la Generalitat, para gestionar el servicio. También se inició el procedimiento para transferir infraestructuras vinculadas a la red.

La lista incluye otros acuerdos sobre competencias, inversiones y gestión de servicios. El propio Gobierno de Sánchez ha reconocido que Junts ha sido un actor determinante para sacar adelante buena parte de estos compromisos, aunque también ha admitido retrasos e incumplimientos.

El resultado es una paradoja. El procés ha perdido buena parte de su fuerza en la calle, pero algunas de sus principales reivindicaciones han seguido avanzando por la vía institucional. La independencia no se ha producido, y Cataluña continúa formando parte de España, pero el independentismo ha conseguido introducir en la agenda política española reformas que hace una década parecían impensables: desde la desaparición del delito de sedición hasta los indultos, la amnistía, la condonación de deuda, una financiación singular y un nuevo modelo de gestión de Rodalies.

Y mientras todo eso ocurre en los despachos, los protagonistas de aquel otoño de 2017 han seguido caminos muy diferentes. Algunos continúan en primera línea política; otros han abandonado la política; y varios todavía esperan que la amnistía termine de cerrar las consecuencias judiciales de aquella declaración unilateral de independencia.