La Generalitat destina 400.000 euros en el Bajo Llobregat a un programa para regularizar a inmigrantes

La Generalitat destina 400.000 euros en el Bajo Llobregat al programa ACOL, una línea de ayudas dirigida a facilitar la incorporación laboral de personas inmigrantes extracomunitarias que se encuentran en situación administrativa irregular y cumplen los requisitos para obtener una autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de arraigo.

La convocatoria de 2026 cuenta con un presupuesto global de 19,75 millones de euros y permite que ayuntamientos y consejos comarcales sean beneficiarios de estas subvenciones. Los proyectos incluyen contratos de doce meses, formación y acompañamiento para facilitar tanto la inserción laboral como el proceso de regularización.

En el caso del Bajo Llobregat, la cantidad concedida asciende a 400.000 euros. Una partida que ahora ha puesto bajo el foco el portavoz de Vox en el Consejo Comarcal, Iván Cánovas, que cuestiona que las administraciones catalanas destinen dinero público a este tipo de programas mientras trabajadores y familias afrontan una elevada presión fiscal.

Cánovas reclama explicaciones sobre el destino concreto de los fondos y quiere conocer cuántas personas serán contratadas, qué puestos ocuparán y cuál será el coste real del programa.

El portavoz comarcal de Vox considera que las prioridades de la Administración deberían ser otras y sostiene que este tipo de iniciativas pueden convertirse en un incentivo para nuevas llegadas irregulares.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Vox en el Parlamento, Javier Ramírez, que ha cargado contra la política migratoria de la Generalitat y contra la utilización de recursos públicos para estos programas. Ramírez ha relacionado además estas ayudas con el aumento de la recaudación tributaria y con la situación del mercado laboral catalán, donde, según sus palabras, todavía hay cientos de miles de personas en paro.

El diputado también ha cuestionado que las administraciones locales participen en programas dirigidos a personas que todavía no tienen regularizada su situación administrativa, y ha comparado los requisitos que se exigen a los ciudadanos para acceder a determinados empleos públicos con los procedimientos previstos en ACOL.

Desde Vox sostienen que el programa supone, en la práctica, utilizar fondos públicos para facilitar la regularización mediante el acceso a un contrato de trabajo. La Generalitat, por su parte, encuadra ACOL dentro de sus políticas de inserción laboral y de acompañamiento a personas migrantes que cumplen los requisitos establecidos por la normativa de extranjería.