El TSJC anula la ruptura de relaciones de Barcelona con Israel y tumba el veto municipal a empresas israelís

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dejado sin efecto la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de suspender las relaciones institucionales con Israel, aprobada por el Pleno municipal en noviembre de 2023, en plena guerra de Gaza. El tribunal también anula la cláusula que el consistorio había previsto incorporar a sus contratos públicos para excluir a empresas por determinadas actividades económicas relacionadas con Israel y los territorios palestinos.

La resolución llega después del recurso presentado por Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que llevó ante los tribunales las medidas adoptadas por el Ayuntamiento. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Barcelona ya había anulado en 2024 la declaración institucional. Ahora el TSJC se ha pronunciado sobre el recurso y, según ha avanzado ACOM, mantiene la anulación de las dos medidas.

El Pleno municipal había aprobado en noviembre de 2023 una declaración que condenaba los ataques contra la población civil, tanto israelí como palestina, reclamaba un alto el fuego permanente y exigía el respeto del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario. El texto también reclamaba la liberación de los rehenes en manos de Hamás y la apertura de corredores humanitarios para hacer llegar ayuda a la población de Gaza.

Junto a estas declaraciones, sin embargo, el acuerdo municipal incluía medidas concretas. El Ayuntamiento acordaba interrumpir las relaciones institucionales con el Gobierno de Israel hasta que se produjera un alto el fuego definitivo y se garantizara el respeto de los derechos básicos del pueblo palestino. También establecía la implantación de una cláusula en los contratos públicos municipales para impedir determinadas operaciones económicas que pudieran vulnerar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario.

ACOM sostiene que estas decisiones no podían considerarse únicamente una declaración política, ya que tenían efectos prácticos sobre la actuación del Ayuntamiento. La organización considera que el TSJC aprecia elementos discriminatorios en las medidas y califica la sentencia de «éxito jurídico relevante».

La decisión judicial ha provocado la reacción inmediata del gobierno municipal. La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha anunciado que el Ayuntamiento recurrirá el fallo y ha defendido que la posición política del consistorio no ha cambiado.

«Condenar la violencia y el genocidio que Israel está ejerciendo sobre Palestina», ha afirmado Bonet, que ha defendido que se trata de una cuestión de «humanidad» y de «derechos humanos».

El enfrentamiento, por tanto, no queda cerrado con la sentencia del TSJC. Mientras ACOM considera que los tribunales han puesto límites a la utilización de la contratación pública y de las relaciones institucionales municipales para adoptar medidas contra Israel, el Ayuntamiento mantiene su posición política y prepara un recurso contra la decisión judicial.