Barcelona vuelve a recurrir a la compra de inmuebles para frenar desahucios: el Ayuntamiento como «inmobiliaria de okupas»

Dos operaciones en apenas 24 horas. El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado con la Generalitat comprar el bloque de la calle Llenguadoc, en Sant Andreu, para evitar el desalojo de sus residentes y, al día siguiente, ha ofrecido a la Sareb adquirir el solar del Àgora Juan Andrés Benítez, en el Raval. La fórmula recuerda a la empleada en Casa Orsola, cuya compra, anunciada en febrero de 2025, provocó un enfrentamiento político por el uso de dinero público para resolver un conflicto habitacional.

El acuerdo sobre Llenguadoc, 74, se alcanzó el miércoles 7 de octubre, después de doce horas de movilización vecinal y con más de 300 activistas concentrados ante el edificio. La operación evitó el desalojo de más de 50 personas. El inmueble tiene 20 pisos, 18 de ellos ocupados desde hace años, y la intervención se financiará a través del Fondo de Emergencia Habitacional de la Generalitat.

El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha cuestionado la decisión y ha advertido de que las administraciones no pueden «solucionar cada conflicto comprando edificios con el dinero de todos los ciudadanos». El dirigente popular acusa a los gobiernos de Jaume Collboni y Salvador Illa de convertirse en una «inmobiliaria de okupas» y reclama explicaciones sobre el coste de la adquisición y los criterios que justifican la intervención.

La segunda operación afecta al Àgora Juan Andrés Benítez, un solar de la calle de l’Aurora que funciona como espacio comunitario autogestionado. En definitiva, se trata de otro espacio okupado. El Ayuntamiento ha presentado una oferta de compra a la Sareb, propietaria del terreno, y las negociaciones han permitido suspender el desalojo previsto para el 15 de octubre. Por ahora, sin embargo, no hay una compra cerrada. Barcelona en Comú ha respaldado la iniciativa y reclama que se mantengan el uso comunitario del espacio y su modelo de autogestión.

Casa Orsola

El precedente más conocido en cuanto a la compra de inmuebles es Casa Orsola. En febrero del año pasado, el Ayuntamiento y la fundación Hàbitat3 anunciaron la compra conjunta del edificio, que se encuentra en pleno Eixample de Barcelona, por 9,2 millones de euros. El consistorio aportó 4,8 millones y la fundación asumió la gestión de los pisos, destinados al alquiler asequible. La operación se formalizó en mayo y permitió detener los procesos de desahucio de los inquilinos afectados, alguno de los que no cumplía ni mucho menos con los requisitos de vulnerabilidad.

De ahí que la compra provocara entonces las críticas del PP, que anunció que llevaría el caso a la Fiscalía al considerar que la decisión era discrecional y al cuestionar tanto el procedimiento, como el precio. Vox también arremetió contra la operación, al entender que el gobierno municipal había cedido ante la presión de los colectivos contrarios a los desahucios. Junts cuestionó el coste y la falta de planificación de la respuesta municipal.

Barcelona en Comú y ERC defendieron la adquisición, aunque desde perspectivas distintas. Los comunes la respaldaron como solución para los inquilinos afectados, mientras que ERC reivindicó haber impulsado que el Ayuntamiento estudiara la compra. La operación también alimentó el debate sobre las medidas estructurales necesarias para ampliar la vivienda asequible en la ciudad.

Ahora, con dos nuevas intervenciones sobre la mesa, el debate vuelve a centrarse en el alcance de esta política. El PP cuestiona que la Administración compre inmuebles para responder a conflictos que adquieren notoriedad por la movilización vecinal. Inmuebles que, además, están ocupados de forma ilegal. El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido las actuaciones como una vía para evitar desalojos y dar una solución a situaciones habitacionales complejas.