Las redes sociales de Meta afrontan un juicio histórico
Inés, la huella invisible de moderar el horror en las redes sociales
Una ex moderadora de Meta, que trabajó en las oficinas de la compañía en Barcelona, se quitó la vida. La familia presentará una demanda
Cada día, miles de vídeos circulan por las redes sociales. Algunos muestran asesinatos, torturas, violaciones, abusos sexuales a menores o personas que se quitan la vida. Antes de que ese material llegue a los usuarios, alguien tiene que verlo, decidir si vulnera las normas de la plataforma y, en su caso, retirarlo. Es el trabajo de los moderadores de contenidos, una tarea que permanece prácticamente invisible para quienes utilizan Facebook o Instagram, pero que puede tener un coste psicológico enorme para quienes la desempeñan.
Inés Mendoza, una joven francesa, trabajó en esa labor en Barcelona entre 2022 y febrero de 2025. Su puesto estaba en la torre Glòries, en el centro de moderación que Meta gestionaba a través de una empresa subcontratada. El pasado domingo, la joven se quitó la vida en Lyon, adonde había viajado para reunirse con unos amigos. Ahora, su familia quiere que se investigue si las condiciones laborales y la respuesta de las empresas ante sus problemas de salud mental pueden generar responsabilidades legales.
La historia de Inés había llegado meses antes al despacho Bastet Abogados. La joven estaba preparando su incorporación a una macrodemanda contra Meta y Telus, la compañía que gestionaba el servicio de moderación, junto con cientos de antiguos trabajadores que denuncian las secuelas psicológicas de aquella actividad.
En abril de este año, Inés explicó a sus abogados que ya había intentado suicidarse en 2023, cuando todavía trabajaba como moderadora. Según el relato que trasladó al despacho, relacionaba el deterioro de su salud mental con la exposición continuada a contenidos extremadamente violentos. También explicó que algunos de los vídeos que debía revisar mostraban suicidios y que esa exposición había influido en su propio intento.
La joven dejó el trabajo en febrero de 2025, después de que la mutua contratada por la multinacional le recomendara abandonar la empresa ante el deterioro de su salud mental. La salida se pactó mediante un acuerdo que, según explicó después a sus letrados, firmó en una situación de vulnerabilidad, sintiéndose sola y sin recursos. Entre las condiciones figuraban aceptar que su salida respondía a malos resultados y renunciar a futuras acciones legales.
Una demanda para exigir responsabilidades
La muerte de Inés ha llevado a su madre a dar el paso que su hija estaba preparando. Robert Castro, abogado de Bastet Abogados, ha confirmado que la familia quiere reclamar responsabilidades a Meta y Telus. La acción será independiente de la macrodemanda colectiva y todavía se está estudiando qué vías legales pueden emprenderse, incluida la penal.
«La intención de Inés era sumarse a esta demanda colectiva por daños psicológicos y daños morales», explica Castro. Ahora, añade, la madre de la joven quiere exigir responsabilidades «al más alto nivel». El abogado sostiene que las empresas tienen la obligación de garantizar la salud y la seguridad de sus trabajadores y considera que esa protección debe ser especialmente exigente cuando el puesto implica enfrentarse diariamente a material traumático.
Ese es precisamente el núcleo de la demanda colectiva. El despacho reclama 100.000 euros por trabajador en concepto de daños psicológicos y morales. El procedimiento cuenta con 627 demandantes firmantes y cerca de un centenar más de exempleados se encontraba en trámites para incorporarse, entre ellos Inés.
Según Castro, muchos de los trabajadores afectados presentan cuadros de estrés postraumático. El abogado denuncia que las empresas no habrían proporcionado una protección adecuada frente a los riesgos psicológicos de la actividad. «Tienes que implementar un protocolo de asistencia psicológica de los más potentes del mundo», sostiene, aludiendo a la responsabilidad de una compañía con los recursos de Meta.
El juzgado está pendiente de completar la acumulación de las distintas demandas individuales para fijar la fecha del juicio, que previsiblemente se celebrará el próximo año. La familia de Inés, por su parte, deberá definir su propia estrategia jurídica.
De Barcelona a otros países: una estrategia bajo sospecha
El centro de moderación de Barcelona abrió a mediados de 2018 a través de CCC Digital Services, una empresa que posteriormente fue adquirida por la canadiense Telus. El servicio funcionó hasta abril de 2025, cuando la compañía despidió a la práctica totalidad de la plantilla.
Para Robert Castro, el cierre de Barcelona no puede analizarse de forma aislada. El abogado denuncia que Meta sigue una estrategia de abrir centros de moderación en distintos países y trasladar después la actividad cuando los trabajadores llevan años expuestos a contenidos traumáticos. «Es un modus operandi deliberado de Meta», sostiene.
Según su versión, la compañía se instala en países donde considera que tendrá menos dificultades para operar y, cuando el deterioro de la salud mental de los moderadores se hace evidente, cierra los centros y desplaza el servicio a otro territorio. Castro cita países como Filipinas y Bulgaria y señala especialmente a Kenia, donde, según explica, se concentra un importante número de moderadores.
El abogado asegura que en Kenia también se han producido suicidios entre trabajadores del sector y que existe una demanda colectiva contra las empresas implicadas. Su despacho mantiene contacto con los letrados que representan a esos empleados.
La denuncia plantea una cuestión que trasciende el caso de Barcelona: si la externalización y el traslado geográfico de los servicios pueden dificultar que los trabajadores obtengan una protección efectiva frente a los riesgos psicológicos de su actividad. Será la justicia la que deba determinar las responsabilidades que correspondan en cada caso.
La familia de Inés quiere que su procedimiento permita esclarecer qué ocurrió y si hubo responsabilidades en la gestión de la situación de la joven. Su historia pone el foco en quienes se encargan de retirar de internet los contenidos más violentos y en una pregunta incómoda para las grandes plataformas: quién protege a las personas que trabajan para proteger a sus usuarios.