Cataluña pacta una ley de memoria que castigará con hasta 150.000 euros la exaltación del franquismo

Hasta 150.000 euros de multa por las infracciones más graves. Es una de las consecuencias que contempla la nueva ley de memoria democrática que han pactado PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP en el Parlamento catalán. El texto incluye sanciones por daños a espacios de memoria, incumplimientos en la retirada de símbolos franquistas y determinadas manifestaciones de exaltación de la dictadura por parte de representantes públicos.

La iniciativa ha conseguido reunir a cinco partidos, que han aparcado las enmiendas que no han podido consensuar para facilitar una mayoría amplia. Pero el acuerdo no significa que todos compartan el mismo modelo de ley. Junts ha defendido que la norma es positiva, aunque ha dejado claro que no es la que habría impulsado por su cuenta. Por ese motivo, sus representantes no han participado en la comparecencia conjunta organizada para presentar el pacto.

La tramitación entra ahora en su recta final. Está previsto que la Comisión de Justicia y Calidad Democrática vote el dictamen este jueves y que el pleno del Parlamento lo someta a votación definitiva la próxima semana. El calendario podría cambiar si el PP, Vox o Aliança Catalana solicitan un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias. Vox, sin embargo, ya ha descartado recurrir a este organismo. Su portavoz, Joan Garriga, ha anunciado que su partido derogará la ley si llega al Gobierno.

La retirada de símbolos, en el punto de mira

Uno de los principales efectos prácticos de la norma será la obligación de retirar la simbología franquista que todavía permanezca en espacios públicos. Las administraciones dispondrán de dos años para hacerlo, aunque el plazo para el monumento de Tortosa se limita a uno, debido a las actuaciones previas que ya se han llevado a cabo.

El régimen sancionador distingue entre infracciones leves, graves y muy graves. Las primeras podrán castigarse con entre 200 y 2.000 euros; las segundas, con multas de hasta 10.000 euros; y las más graves, con importes que pueden alcanzar los 150.000 euros.

Entre los supuestos más severamente castigados figuran los daños intencionados en fosas catalogadas, las exhumaciones de desaparecidos sin autorización y el incumplimiento del deber de preservar estos lugares. La ley también incluye las declaraciones de representantes públicos que exalten el golpe de Estado de 1936, la dictadura o sus dirigentes cuando resulten ofensivas para las víctimas o supongan humillación, menosprecio o descrédito.

También habrá sanciones por dañar la señalización de espacios de memoria, construir en terrenos donde se sospeche que existen restos de víctimas o incumplir la obligación de retirar o resignificar símbolos franquistas. Las expresiones ofensivas contra las víctimas que no constituyan delito de odio se consideran infracciones graves.

Un banco de datos con víctimas y responsables

La ley no se limita a establecer multas. El acuerdo prevé crear un banco de la memoria para reunir información y facilitar su consulta. En él aparecerán tanto los nombres de las víctimas como los de quienes ejercieron la represión. También se elaborará un censo de los símbolos republicanos que fueron retirados durante la dictadura.

Otra de las medidas será la creación de una comisión técnica que redactará un informe con propuestas dirigidas a la reparación de las víctimas. La norma abarcará el periodo comprendido entre 1931 y 1980, desde la Segunda República hasta las primeras elecciones al Parlamento catalán posteriores a la dictadura.

El texto incorpora, además, la antigua prisión de mujeres de la Trinitat, en Barcelona, al catálogo de espacios de memoria democrática, y reconoce de manera específica los escenarios de la batalla del Ebro. También contempla comisiones dedicadas a la memoria del pueblo gitano y a la represión vinculada al pasado colonial en Marruecos, el Sáhara y Guinea.

El Patronato de la Mujer tendrá un tratamiento particular, ya que su actividad se prolongó más allá del periodo histórico general de la ley. Su investigación deberá permitir que las víctimas puedan acceder a procesos de reparación.