El PP lleva al Consejo de Garantías Estaturarias la ley de memoria democrática de Illa por invasión de competencias

El Partido Popular de Cataluña llevará al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) el proyecto de ley de Memoria Democrática que el Parlament debate esta semana. La portavoz parlamentaria del PP catalán, Lorena Roldán, reclama que este órgano examine la adecuación de la norma a la Constitución y al Estatuto de Autonomía ante las posibles vulneraciones de derechos fundamentales, la invasión de competencias estatales y las limitaciones a la autonomía de los ayuntamientos que, a su juicio, contiene el texto.

La iniciativa, acordada por PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP, tenía prevista su votación final este miércoles, después de la sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pero tras este paso de los populares, el debate no será posible. La suma de las cinco formaciones garantizaba su aprobación parlamentaria.

Roldán considera que las políticas de reparación a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura no pueden justificar la eliminación de garantías jurídicas. «La recuperación de la memoria histórica no puede servir de excusa para vulnerar derechos fundamentales, saltarse las garantías jurídicas ni pasar por encima de las competencias que corresponden a otras administraciones», ha advertido.

Uno de los principales puntos de fricción es el futuro del monumento de Tortosa situado en el río Ebro. La ley establece un plazo de un año para retirar la simbología franquista de este espacio, frente a los dos años previstos con carácter general para los símbolos franquistas del espacio público. Roldán recuerda que la población de Tortosa se pronunció en referéndum a favor de mantener el monumento y acusa a los promotores de la norma de ignorar aquella decisión. «Resulta curioso que los referéndums ilegales los quieran cumplir y los legales no», ha reprochado.

El PP también cuestiona varios artículos relacionados con el acceso a información personal. En concreto, señala los apartados 7.2 y 7.4, que, según los populares, permitirían acceder a datos de terceras personas sin respetar las garantías y los procedimientos ordinarios previstos en la legislación de transparencia. La formación sostiene que esta posibilidad podría vulnerar el derecho a la intimidad reconocido en la Constitución.

La objeción se extiende al tratamiento de la información sobre víctimas, personas represaliadas y responsables de la represión. Los populares consideran que declarar sus datos de interés público general sin una ponderación suficiente de los derechos de las personas afectadas puede comprometer también su intimidad.

Otro de los focos de conflicto jurídico se encuentra en los artículos 12 y 12.4, relativos a la nulidad de determinadas sentencias, condenas y procedimientos. El PP advierte de que estas disposiciones podrían invadir las competencias exclusivas del Estado en materia de Administración de Justicia y legislación penal. Además, alerta de que sus efectos podrían trascender el territorio catalán y provocar inseguridad jurídica.

La restitución de bienes confiscados o transmitidos durante la Guerra Civil y la dictadura constituye otro de los aspectos que Roldán pone en cuestión. El artículo 20.4, sostiene, utiliza una formulación demasiado imprecisa y podría limitar la autonomía municipal, además de generar conflictos en el momento de aplicar la norma. «Es muy impreciso hablar de forma genérica sobre bienes muebles o inmuebles confiscados o transmitidos fraudulentamente», ha señalado.

Multas de hasta 150.000 euros

El proyecto de ley pretende ampliar las políticas de recuperación y divulgación de la memoria democrática, reconocer y reparar a las víctimas de la violencia y la represión, localizar a personas desaparecidas y retirar símbolos franquistas. También busca erradicar cualquier forma de enaltecimiento del franquismo y contempla sanciones de hasta 150.000 euros para las infracciones muy graves, entre ellas el enaltecimiento de la dictadura o los daños a espacios de memoria.

El periodo histórico que abarca va desde la proclamación de la Segunda República, en 1931, hasta la constitución del primer gobierno catalán elegido democráticamente tras la dictadura, en 1980. El texto incorpora una excepción temporal para el Patronato de Protección a la Mujer, cuya actividad se prolongó más allá de ese periodo y cuyas víctimas podrán formar parte de los procesos de reparación.

La norma también prevé convertir la comisaría de Via Laietana de Barcelona en un centro de interpretación de la represión y la tortura, así como crear una comisión técnica de memoria que elabore un informe con conclusiones orientadas a la reparación de las víctimas.