Convivencia Cívica Catalana pide a Feijóo y Abascal una ley para poder vivir exclusivamente en castellano en toda España

Convivencia Cívica Catalana quiere convertir su defensa del castellano en Cataluña en una reforma de alcance nacional. Su presidente, Ángel Escolano, ha enviado sendas cartas a Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) para pedirles que impulsen una Ley Orgánica de Libertad de Lenguas que permita a cualquier español estudiar, trabajar, abrir un negocio y relacionarse con las administraciones utilizando exclusivamente el castellano, con independencia de la comunidad autónoma en la que resida.

La iniciativa pretende que ambos partidos incorporen la propuesta a sus programas para las próximas elecciones generales y a los eventuales acuerdos de investidura o de Gobierno en los que participen. Escolano plantea, además, un calendario preciso: presentar el proyecto legislativo durante los primeros cien días de Gobierno e impulsar su aprobación a lo largo del primer año de legislatura.

El presidente de la entidad no se limita a reclamar un compromiso electoral. En las cartas, fechadas el 16 de octubre, ofrece a las dos formaciones la documentación judicial y administrativa reunida por la asociación, así como una propuesta de articulado para empezar a trabajar en la reforma. También solicita una reunión durante las próximas semanas y la designación de un interlocutor político para negociar el contenido de la futura norma.

La propuesta parte de la experiencia acumulada por Convivencia Cívica Catalana durante más de 28 años de actuaciones en Cataluña. Según el dossier que acompaña las misivas, la entidad mantiene impugnados 43 procesos selectivos de administraciones locales y 18 ordenanzas y reglamentos. Sus reclamaciones abarcan desde las condiciones lingüísticas de acceso al empleo público hasta las sanciones a comerciantes, la atención administrativa y la enseñanza.

De las oposiciones a las aulas y los comercios

Uno de los principales ejes de la iniciativa es revisar los requisitos de catalán en las convocatorias de empleo público. Escolano defiende que el nivel exigido debe responder a las funciones concretas de cada puesto y que conocer otra lengua no debería convertirse en una barrera injustificada para acceder a una plaza. La asociación cita, entre otros asuntos, sus actuaciones contra el B2 exigido a chóferes del Parlamento de Cataluña, a un electricista municipal de Amposta y a un operario de cementerio de Vic.

El dossier también recoge casos de trabajadores que han perdido su empleo o han visto dificultado su acceso a una plaza estable por cuestiones relacionadas con la acreditación lingüística. Entre ellos figuran un cocinero del Ayuntamiento de Barcelona que llevaba 17 años trabajando para la institución y un clarinetista de la Banda Municipal que acumulaba 27 años de trayectoria. Los procedimientos no tienen todos el mismo resultado: en el caso del cocinero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró improcedente el despido y la sentencia adquirió firmeza, mientras que los litigios del músico seguían pendientes de resolución según la actualización documental de la asociación.

Otro de los casos expuestos afecta a Carolina Andrea Alarcón, coordinadora técnica de un servicio de atención domiciliaria de Sant Joan Despí. La carta de despido que recibió el 30 de enero de 2026 reprochaba, entre otras cuestiones, su supuesto desconocimiento del catalán y señalaba que solo podía hablar en castellano si los usuarios lo solicitaban. La trabajadora impugnó el despido, que permanecía pendiente de juicio en la última actualización del dossier.

La asociación extiende sus reclamaciones al comercio. Entre los antecedentes que menciona figura el conflicto de un establecimiento inmobiliario de Vilanova i la Geltrú por la rotulación en castellano, que terminó con la confirmación judicial de las sanciones y un posterior recurso de amparo cuyo desenlace no consta en la documentación aportada. También recoge actuaciones contra sanciones lingüísticas y obligaciones de rotulación que considera restrictivas para los comerciantes.

En el ámbito educativo, Convivencia Cívica Catalana reclama una oferta suficiente de enseñanza en español, financiada con fondos públicos, que permita mantener esta opción durante todas las etapas escolares. La entidad reivindica asimismo el cumplimiento de las resoluciones judiciales relacionadas con el uso vehicular del castellano y con el mínimo del 25 % de enseñanza en esta lengua fijado en la ejecución de aquellas sentencias.

Cinco compromisos

Las dos cartas plantean cinco grandes líneas de actuación. La primera consiste en garantizar una atención íntegra en castellano ante las administraciones, con formularios, comunicaciones, trámites y resoluciones disponibles en esta lengua sin costes ni demoras adicionales.

La segunda es reconocer una opción efectiva de escolarización en español durante todo el itinerario educativo. La tercera pasa por eliminar los requisitos lingüísticos territoriales que la asociación considera injustificados en el acceso al empleo público. La cuarta busca proteger a trabajadores y comerciantes frente a sanciones, despidos o perjuicios profesionales vinculados al uso del castellano. La quinta reclama mecanismos de defensa rápidos, medidas cautelares y reparación del daño para evitar que una resolución favorable llegue cuando el perjuicio ya sea irreversible.

El dossier desarrolla estas propuestas en doce garantías y seis bases de articulado. La asociación plantea, además, revisar las normas de empleo público, legislación laboral, educación, consumo y procedimiento administrativo que resulten afectadas, con una delimitación de competencias y un calendario de aplicación.

En la carta dirigida a Feijóo, Escolano añade una petición específica al PP: que revise las convocatorias, los reglamentos y las prácticas de las administraciones que gobierna, dentro de sus competencias, para garantizar la atención en castellano y corregir las exigencias que considere injustificadas. A Abascal le pide que Vox incorpore la reforma a su programa y la impulse si llega a participar en el Gobierno.

La iniciativa se presenta como una propuesta legislativa, no como una norma ya acordada por los partidos. Su eventual aprobación exigiría concretar las reformas legales necesarias y reunir los apoyos parlamentarios correspondientes. La ley orgánica requeriría mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del texto.

«Los españoles deben poder vivir en español en toda España. Sin pedir permiso, sin justificarse y sin tener que ganar un pleito», concluye Escolano en ambas cartas.