Illa denuncia que la ley de nietos deja sin voto a 168.000 españoles: «El derecho es sagrado»

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha cuestionado la decisión judicial que impide votar a 168.000 personas con nacionalidad española que obtuvieron la ciudadanía a través de la conocida como ley de nietos. «Si uno tiene el pasaporte español, tiene derecho a votar. Punto», ha afirmado este jueves en una entrevista en Herrera en COPE. El dirigente socialista ha insistido en que el derecho al sufragio es «sagrado» y ha expresado su malestar por una decisión que, según ha explicado, afecta a ciudadanos que ya habían podido participar en anteriores convocatorias electorales.

Illa ha defendido que no se puede mantener la nacionalidad española y el pasaporte y, al mismo tiempo, impedir el ejercicio del derecho al voto. El presidente catalán ha precisado que respeta las resoluciones judiciales, pero ha reivindicado su derecho a expresar su discrepancia. También ha señalado que el Tribunal Constitucional no ha entrado todavía en el fondo de la cuestión y que habrá que esperar a la evolución del procedimiento.

Preguntado por la posibilidad de impugnar los resultados de las elecciones del 29 de noviembre si se mantiene esta situación, Illa ha puesto el acento en la necesidad de preservar la confianza en el sistema electoral. Ha defendido que el sistema español cuenta con garantías suficientes y ha asegurado que siempre ha acatado los resultados de las urnas, En este sentido, ha reclamado que los demás hagan lo mismo.

La financiación

La financiación autonómica ha sido otro de los asuntos centrales de la entrevista. Illa ha rechazado que su propuesta constituya un cupo para Cataluña o un privilegio para esta comunidad y ha defendido que el nuevo modelo beneficiaría al conjunto de las autonomías de régimen común.

«Yo no he hablado nunca de cupo», ha reiterado. El presidente de la Generalitat ha cifrado en 21.000 millones de euros los recursos que, según su propuesta, pasarían a ser gestionados por las comunidades autónomas en lugar de por la Administración General del Estado. A su juicio, la reforma permitiría reducir las diferencias de financiación por habitante ajustado entre las comunidades mejor y peor financiadas.

Illa ha emplazado a quienes discrepan de su planteamiento a presentar alternativas concretas y cuantificadas. Ha defendido, además, que la propuesta no resta recursos a otras comunidades, sino que traslada capacidad de gestión desde la Administración central hacia el conjunto de las autonomías de régimen común.

El presidente catalán también ha reivindicado la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, cercanos a los 40.000 millones de euros, con el apoyo de ERC y los Comunes. Ha calificado su aprobación de hito para su gobierno y ha asegurado que las cuentas ya se están ejecutando.

Defensa de Montse Mínguez

Durante la conversación, Illa también ha salido en defensa de Montse Mínguez, que renunció a encabezar la candidatura socialista por Lérida después de las críticas relacionadas con la actividad inmobiliaria de su pareja. El presidente de la Generalitat ha lamentado su decisión y ha denunciado que algunos dirigentes políticos están sometidos a críticas «no contrastadas» y excesivas.

Illa ha asegurado que, a partir de lo publicado, no aprecia ninguna ilegalidad en la actividad de la pareja de Mínguez y ha rechazado que exista una contradicción entre esa situación y la política de vivienda del PSOE. Según ha argumentado, en Cataluña se aplica la ley de vivienda y los alquileres están sujetos a los límites establecidos por la normativa.

«Estamos a favor de que la vivienda sea un derecho, no un negocio», ha afirmado. El presidente catalán ha defendido la intervención del mercado para responder a la emergencia habitacional, al tiempo que ha reivindicado el respeto a la actividad empresarial y a los propietarios.

En este sentido, ha comparado la intervención en el mercado de la vivienda con las medidas que algunos empresarios reclaman para contener el coste de la energía. A su juicio, no debería generar rechazo intervenir en el mercado cuando el encarecimiento afecta a los ciudadanos y dificulta el acceso a una vivienda.

Inmigración

Sobre la situación de la seguridad en Cataluña, Illa ha asegurado que los indicadores han mejorado durante los últimos dos años, aunque ha reconocido problemas relacionados con el aumento de las armas de fuego y los delitos vinculados al tráfico de drogas.

El presidente ha atribuido parte de la mejora a los refuerzos policiales y ha recordado que su gobierno mantiene el compromiso de alcanzar los 25.000 agentes de los Mossos de Esquadra. También ha destacado el aumento de la plantilla judicial.

Illa ha rechazado establecer una relación directa entre inmigración e inseguridad. «Vincular inseguridad con inmigración es un relato muy demagógico que yo no comparto», ha afirmado. En su opinión, la respuesta debe centrarse en perseguir los delitos, con independencia del origen de quien los cometa. «Quien la hace, la paga», ha resumido.

En cuanto al modelo migratorio, ha defendido una política basada en el control de las fronteras, la cooperación con los países de origen, la coordinación entre administraciones —especialmente en el ámbito europeo— y el respeto a los derechos de las personas. También ha descartado que el modelo que defiende sea equiparable al de la primera ministra danesa y ha reivindicado las políticas del Gobierno de España.

Catalán y Rodalies

La política lingüística y la situación de Rodalies han completado el repaso a la actualidad catalana. Sobre la aplicación de las resoluciones judiciales relativas al uso del castellano en la escuela, Illa ha defendido el modelo de inmersión lingüística y ha asegurado que el objetivo es que todos los alumnos terminen la escolarización obligatoria dominando tanto el catalán como el castellano.

El presidente ha insistido en que el catalán debe mantener su condición de lengua troncal en el sistema educativo, al tiempo que ha defendido la convivencia lingüística. «Veo las lenguas siempre como vehículo de comunicación y no de confrontación», ha señalado. Preguntado expresamente por la aplicación del porcentaje del 25 % de enseñanza en castellano fijado judicialmente, ha reiterado que su gobierno respeta las sentencias y trabaja para garantizar el conocimiento de ambas lenguas.

Respecto a Rodalies, Illa ha admitido que el servicio no alcanza los niveles de calidad que considera necesarios, aunque ha defendido el volumen de inversiones que se está ejecutando. Según ha detallado, hay 151 actuaciones en marcha en la red, algunas de las cuales provocan retrasos y limitaciones temporales de velocidad.

El presidente catalán ha explicado que la mejora del servicio depende de tres líneas de actuación: la modernización de las infraestructuras, la incorporación de nuevos trenes y el cambio en el modelo de gestión. En cuanto al material rodante, ha anunciado que las primeras unidades nuevas empezarán a recibirse durante el primer trimestre del próximo año y ha destacado que se fabricarán en la factoría de Alstom en Cataluña.

Illa ha reconocido que las obras no avanzan tan deprisa como desearían los usuarios, pero ha defendido que las inversiones que no se hicieron en años anteriores se están ejecutando ahora. También ha reivindicado la nueva estructura de gestión de Rodalies, que pretende acercar las decisiones al territorio.

Preguntado por el crecimiento de Aliança Catalana y de su líder, Sílvia Orriols, Illa ha enmarcado el avance de las formaciones de derecha radical en una tendencia que, según ha señalado, afecta a buena parte de Occidente. El presidente catalán ha vinculado parte de este fenómeno a las consecuencias económicas de las guerras y al encarecimiento del coste de la vida, y ha defendido que los ciudadanos deben poder expresar con su voto qué orientación quieren para sus países.