Collboni contempla derribar 1.800 pisos del Besòs y abre la puerta a dejar a 300 propietarios sin realojo

La regeneración del Besòs y el Maresme, en Barcelona, se ha convertido en un nuevo frente de conflicto político para el alcalde, Jaume Collboni. La memoria económica elaborada para constituir una empresa pública entre el Ayuntamiento y la Generalitat contempla como escenario, por primera vez, el derribo de 1.800 viviendas de las aproximadamente 4.000 afectadas por problemas constructivos en el barrio. La misma propuesta prevé construir 1.500 pisos para residentes con derecho a realojo, mientras que a otros 300 únicamente se les ofrecería una indemnización.

El documento ha provocado la alarma entre los vecinos, que llevan años reclamando una intervención pública para rehabilitar los edificios y garantizar que las familias puedan permanecer en sus casas. La controversia llega después de que el Gobierno municipal apostara por un modelo de autogestión que, según la plataforma SOS Besòs, ha dejado a numerosas comunidades endeudadas y con las obras pendientes.

El Ayuntamiento sostiene que incluir el derribo en la memoria económica no significa que haya decidido ejecutarlo. Según fuentes municipales, la creación de una sociedad mercantil pública exige estudiar todas las alternativas posibles y evaluar su viabilidad. El consistorio asegura que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento apuestan por la rehabilitación, como se ha hecho en actuaciones anteriores.

Sin embargo, tanto la oposición como los representantes vecinales cuestionan que el derribo aparezca como primera alternativa en la documentación económica. La discrepancia no es menor: la opción de demoler los edificios exigiría modificar el Plan General Metropolitano, mientras que la rehabilitación permitiría actuar sobre las fincas existentes sin ese cambio urbanístico.

«No podemos dejar a las familias sin su vivienda»

Teresa Pardo, vecina del barrio e integrante de la plataforma SOS Besòs, asegura que el anuncio ha caído «como una bomba» entre los residentes. Después de años de reivindicaciones para conseguir que las administraciones asumieran la regeneración del conjunto del barrio, considera que el nuevo planteamiento supone un giro difícil de aceptar.

«Lo que nos ha sorprendido es encontrarnos con un proyecto tan agresivo», explica Pardo, que interpreta la propuesta como una amenaza para la continuidad de los actuales propietarios y para la composición social del barrio. La representante vecinal critica especialmente que el documento contemple indemnizar a 300 residentes sin reconocerles de entrada el derecho al realojo.

Su preocupación se extiende también a las otras 1.500 viviendas incluidas en el escenario de derribo. Aunque la memoria contempla su sustitución por nuevos pisos para residentes con derecho a realojo, Pardo advierte de que las condiciones económicas pueden acabar expulsando a familias vulnerables. El acceso a una vivienda nueva podría obligar a asumir una diferencia de precio que algunos propietarios no estarían en condiciones de afrontar.

El riesgo es especialmente delicado en un barrio donde viven personas mayores y familias con recursos limitados. Para ellas, abandonar su vivienda habitual no es una cuestión que pueda resolverse únicamente con una indemnización o con la posibilidad teórica de acceder a otro piso. También entran en juego su capacidad económica, la necesidad de alojamiento durante las obras y la continuidad de sus vínculos sociales.

El escenario de demolición tendría, además, un coste estimado de 270 millones de euros, según la documentación conocida. La alternativa de rehabilitar los edificios evitaría la transformación urbanística que requeriría el derribo, aunque el alcance y el coste de las obras dependerían de las patologías detectadas en cada inmueble.

Desde Barcelona en Comú, Alfredo Palomera, asesor en materia de urbanismo del grupo municipal, coincide en que la rehabilitación es técnicamente viable. A su juicio, los problemas asociados a la aluminosis afectan principalmente a elementos estructurales secundarios, como las viguetas, que pueden reforzarse sin necesidad de demoler los edificios cuando el estado del conjunto lo permite.

Palomera recuerda que existen experiencias piloto en el propio barrio que han permitido rehabilitar fincas mediante intervenciones integrales. Entre las actuaciones necesarias cita el refuerzo de las estructuras, la mejora de las fachadas y la instalación de ascensores, que siguen faltando en edificios construidos hace décadas.

El representante de los Comunes sostiene que el derribo generalizado no es una solución inevitable y advierte de las consecuencias sociales de sustituir los edificios antiguos por otros nuevos. En estos procesos, explica, los propietarios pueden encontrarse con una vivienda de reposición cuyo valor supera el de la anterior, lo que puede obligarlos a endeudarse para asumir la diferencia.

«Esto provoca la expulsión real», sostiene Palomera, que alerta de que las operaciones urbanísticas basadas en demoler y reconstruir pueden terminar desplazando precisamente a los vecinos a los que se pretende beneficiar.

El fracaso de la autogestión

La polémica sobre el futuro del barrio se suma a las críticas por la gestión de las rehabilitaciones durante el mandato de Collboni. En 2024, el Gobierno municipal apostó por un modelo de autogestión que trasladaba a las comunidades de propietarios parte de la tramitación necesaria para acceder a las ayudas europeas de los fondos Next Generation.

Según SOS Besòs, 21 comunidades se acogieron a este sistema y asumieron gastos de gestión privada. Teresa Pardo asegura que solo dos han comenzado obras, mientras que las restantes arrastran deudas o han perdido el dinero desembolsado para preparar la documentación.

Uno de los casos citados es el de la finca de Alfons el Magnànim, 15, cuyos vecinos pagaron 86.394 euros por la gestión documental para solicitar las ayudas. En Teulada, 4, donde se había desplomado el techo de una vivienda, cada familia tuvo que abonar otros 600 euros más IVA por la tramitación.

La representante vecinal contrapone estos resultados a las intervenciones piloto impulsadas durante el anterior mandato municipal, bajo la alcaldía de Ada Colau, con financiación pública. Pardo sostiene que las obras ejecutadas en el marco de ese programa demuestran que es posible rehabilitar los edificios sin recurrir a su demolición.

Palomera , a su vez,defiende que la Administración asuma la financiación de las actuaciones y permita que los propietarios contribuyan posteriormente en función de sus posibilidades. Este sistema, sostiene, facilitaría la participación de los hogares vulnerables y evitaría que la falta de acceso al crédito paralizara las obras.

El asesor de los Comunes asegura que algunos vecinos han encontrado dificultades para obtener financiación bancaria y considera que trasladarles el coste inicial de las rehabilitaciones ha contribuido al bloqueo del programa. Por ello, reclama una gestión íntegramente pública, tanto en la ejecución como en la financiación de las actuaciones.

El deterioro de los edificios no es, en cualquier caso, un problema circunscrito al Besòs. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona situó a finales de 2025 en unos 8.000 los pisos con patologías graves en la ciudad, de los cuales alrededor de 5.000 se encontrarían en el Besòs, con unos 2.800 en situación grave. La Pau, Trinitat Vella, Poblenou y el Carmel figuran también entre las zonas afectadas, aunque con cifras inferiores.

Una inversión de 415 millones

La nueva empresa pública, denominada Impulsem Futur Besòs-Maresme SA, pretende acelerar la regeneración urbana mediante una inversión de 415 millones de euros durante los próximos doce años. De esa cantidad, el Ayuntamiento aportaría 265 millones y la Generalitat, los 150 millones restantes.

La iniciativa recibió el visto bueno de la comisión municipal de Urbanismo, pero el debate sobre la memoria económica ha evidenciado el enfrentamiento entre el PSC y Barcelona en Comú, los dos partidos que han gobernado la ciudad durante buena parte de la última década.

Los Comunes reprochan a Collboni haber paralizado el modelo de gestión pública desarrollado durante la etapa de Colau y alertan de que la falta de ejecución de las obras ha puesto en riesgo el aprovechamiento de fondos europeos, cuyo plazo de ejecución se fijó para el verano de 2026.

El PSC, por su parte, responsabiliza al anterior Gobierno municipal de las dificultades para avanzar en las rehabilitaciones. La teniente de alcaldía responsable de Urbanismo, Laia Bonet, ha defendido que la memoria económica se ha elaborado con rigor y que debe contemplar todos los escenarios para evaluar la viabilidad de la empresa pública. También ha reprochado a los Comunes que centren sus críticas en el derribo sin tener en cuenta las distintas alternativas recogidas en el expediente.

El enfrentamiento llegó a la comisión de Urbanismo, donde Barcelona en Comú consiguió la reprobación de Bonet con el apoyo de Junts, PP y Vox. El PSC votó en contra y ERC se abstuvo.

La disputa política contrasta con la situación de los residentes, que siguen pendientes de una solución definitiva para edificios con problemas estructurales. En 2020, el Ayuntamiento aprobó el Compromiso por el Besòs y el Maresme, pero en los últimos cuatro años solo se han rehabilitado 192 viviendas, según los datos recogidos en la información sobre el plan.

Mientras las administraciones anuncian una inversión millonaria para los próximos doce años, los vecinos reclaman certezas sobre el destino de sus hogares. La cuestión de fondo ya no es únicamente cómo financiar la regeneración de uno de los barrios más deteriorados de Barcelona, sino si esa transformación permitirá que quienes llevan décadas viviendo allí puedan seguir haciéndolo.