David Bote, alcalde socialista de Mataró, en un acto público
Mataró estudia llevar a los tribunales al Ayuntamiento extremeño que pagó el traslado, en taxi, de una familia okupa
El alcalde de la ciudad barcelonesa, David Bote, tacha de «temeraria» e «insolidaria» la decisión de Baños de Montemayor (Cáceres) y examina si hubo un uso irregular de fondos públicos
El alcalde de Mataró (Barcelona), David Bote, estudia emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Baños de Montemayor (Cáceres) por pagar el traslado a Cataluña de una familia que había protagonizado un conflicto por la ocupación de unos apartamentos turísticos. El regidor catalán no se ha mordido la lengua al valorar la decisión de su homóloga extremeña, Nieves del Vado, a la que acusa de actuar de forma «temeraria» e «insolidaria».
«Creo que la actitud de la alcaldesa ha sido temeraria, insolidaria y, por lo tanto, como para preservar nuestros derechos, estamos estudiando acciones legales», afirma Bote. El alcalde quiere esclarecer cómo se pagó el viaje y comprobar si el consistorio extremeño desatendió alguna de sus obligaciones legales en la atención a la familia.
La indignación del alcalde tiene también que ver con las formas. Mataró no recibió ningún aviso previo sobre la llegada de estas personas. Bote asegura que se enteró por la prensa y que llamó inmediatamente a Del Vado para pedirle explicaciones. Según el relato que le trasladó la alcaldesa, la familia había manifestado que tenía parientes en Mataró y que por ese motivo quería desplazarse hasta Cataluña.
Pero el Ayuntamiento catalán no ha podido verificar esa circunstancia. «No tenemos conocimiento ni de la composición de esta familia, ni de si realmente tienen familia en Mataró», señala Bote, que admite que tampoco sabe dónde se encuentran actualmente los cuatro integrantes ni si han llegado a instalarse en la ciudad.
«Pasarle el problema a otro ayuntamiento»
El alcalde considera que la decisión de pagar el desplazamiento no era la única salida posible y critica que se haya trasladado el problema a otro municipio sin coordinación previa. «La manera de funcionar no es pasarle el problema a otro ayuntamiento», sostiene.
Bote también cuestiona que el viaje se financiara basándose en la supuesta existencia de familiares en Mataró sin que, según la información de la que dispone, se hubiera comprobado previamente esa circunstancia. A su juicio, tanto el Ayuntamiento de Baños de Montemayor como la Junta de Extremadura deben responder sobre la atención prestada a una familia que residía en esa comunidad autónoma.
El alcalde advierte, además, de las consecuencias que esta forma de proceder podría tener para otros municipios. En la entrevista llega a ironizar con que se haya transmitido a toda España el mensaje de que alguien puede pasar una semana en Baños de Montemayor y después conseguir que el Ayuntamiento le pague un taxi al destino que elija, sin comprobaciones previas.
Las posibles acciones legales se dirigirían contra el Ayuntamiento extremeño, no contra la alcaldesa a título personal. Mataró todavía está evaluando qué vía podría emprender y si existen fundamentos suficientes para hacerlo. Por el momento, no hay una resolución judicial que determine que se ha cometido alguna irregularidad.
Doce días de conflicto vecinal
El origen de la polémica se encuentra en los apartamentos turísticos La Plazuela, en Baños de Montemayor, donde un matrimonio y sus dos hijos permanecieron después de que concluyera su reserva. La familia había llegado el 30 de septiembre para una estancia de siete días y debía abandonar el alojamiento el 7 de octubre. Al día siguiente se negó a marcharse y alegó disponer de un contrato de alquiler de siete años que la propietaria negó haber firmado.
El enfrentamiento se prolongó durante doce días y alteró la convivencia en este municipio de unos 700 habitantes. Los propietarios denunciaron problemas de convivencia y la cancelación de reservas posteriores, mientras el malestar vecinal desembocó en varias protestas.
La familia abandonó finalmente los apartamentos el 20 de octubre, después de las negociaciones en las que participaron una empresa contratada por los propietarios, la Guardia Civil y la alcaldesa. Los cuatro ocupantes se marcharon en un taxi pagado por el Ayuntamiento de Baños de Montemayor con destino a Mataró.