El alquiler se dispara un 11% en las zonas sin topes mientras el Govern presume de su intervención en el mercado

Dos años después de imponer los topes al alquiler, la Generalitat sigue presentando la intervención del mercado como un éxito. Sin embargo, el balance de los precios deja una realidad menos triunfalista: alquilar una vivienda en Cataluña cuesta ya una media de 877,81 euros mensuales y en Barcelona la factura alcanza los 1.140,89 euros. Mientras el Govern saca pecho por la contención de las rentas en las zonas reguladas, el acceso a la vivienda continúa siendo un problema para miles de familias.

Los datos publicados este lunes por el ejecutivo catalán muestran que, desde el primer trimestre de 2024, los alquileres han aumentado un 0,7% en los municipios declarados zonas de mercado tensionado. En cambio, en las localidades que quedaron fuera de la regulación, la subida alcanza el 11%. Una diferencia que la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha utilizado para reivindicar los efectos de los límites impuestos a los propietarios.

La fotografía general, sin embargo, dista de ser la de un mercado asequible. En el segundo trimestre de 2026, el alquiler medio en Cataluña se encareció un 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior. En Barcelona, donde los precios apenas avanzaron un 0,5%, la mensualidad sigue superando ampliamente los mil euros. Es cierto que en la capital catalana las rentas han bajado un 4,4% desde la entrada en vigor de los topes, pero siguen situándose en niveles muy elevados.

Paneque ha defendido que, sin la regulación, los nuevos contratos en las zonas tensionadas habrían alcanzado los 1.023 euros de media, frente a los 894 euros registrados. Una diferencia de 129 euros que el Govern presenta como prueba de la eficacia de su política. Se trata, no obstante, de una estimación del propio ejecutivo, no de un precio observado en un mercado sin restricciones.

Número de alquileres

La consejera también ha rechazado que los límites hayan provocado una retirada de viviendas del mercado. Según los datos de la Generalitat, entre abril y junio se firmaron 2.512 contratos más de los que se extinguieron. Desde la aplicación de la medida, el saldo positivo en las zonas tensionadas asciende a 23.506 contratos. Cataluña cuenta actualmente con más de 850.000 alquileres activos, una cifra que el Govern califica de máximo histórico.

El ejecutivo atribuye la ralentización en la firma de nuevos contratos a una menor rotación de inquilinos y no a una reducción de la oferta. Paneque sostiene que los propietarios han perdido el incentivo de buscar un nuevo arrendatario para incrementar la renta. Sin embargo, el propio mercado sigue sin ofrecer suficientes viviendas para cubrir la demanda, una circunstancia que mantiene la presión sobre quienes buscan piso.

Otro de los efectos que la Generalitat reivindica es la caída de los alquileres de temporada. Los nuevos contratos de esta modalidad se han reducido un 40% respecto al segundo trimestre del año pasado, según los datos facilitados por el Govern. Se trata del tercer trimestre consecutivo de descensos.

La intervención también se ha extendido al mercado de compraventa. La Generalitat sostiene que la regulación ha contribuido a moderar el encarecimiento de la vivienda al reducir el atractivo del mercado para los grandes inversores. En la provincia de Barcelona, los precios de compra han subido un 18% desde principios de 2024, frente al 29% registrado en otros territorios que el Govern considera comparables. En Cataluña, el metro cuadrado alcanza ya los 2.849 euros, un 8,5% más que un año antes.

Mientras defiende los resultados de su política, el ejecutivo ha puesto en marcha un dispositivo de inspección para perseguir los incumplimientos. Hasta ahora ha realizado cerca de 600 inspecciones, principalmente a grandes tenedores, y ha abierto 45 expedientes sancionadores, con propuestas de multa que rondan los 1,3 millones de euros.

La Generalitat ha decidido, además, prolongar hasta 2028 una regulación que inicialmente estaba prevista para tres años. Dos años después de su implantación, el Govern mantiene su apuesta por los controles de precios y presenta como un éxito la contención de las rentas en las zonas intervenidas. Pero los más de 1.140 euros que cuesta de media alquilar en Barcelona y la insuficiencia de viviendas disponibles siguen evidenciando la dificultad de acceder a un piso en Cataluña.