El Govern estudia llevar a los tribunales a las plataformas digitales por los disturbios de Blocus

La Generalitat abre un nuevo frente tras los disturbios protagonizados por el fenómeno Blocus en Barcelona el pasado 24 de octubre. El Govern quiere determinar si las plataformas digitales incumplieron sus obligaciones legales al permitir la difusión de contenidos relacionados con aquellos altercados y no colaborar suficientemente con las autoridades. Para ello, ha encargado al Gabinete Jurídico que estudie posibles acciones legales y judiciales contra las empresas responsables.

La decisión la ha anunciado este martes la portavoz del ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, después de la reunión del Consejo Ejecutivo. El acuerdo contempla también la elaboración de un informe técnico por parte de la Dirección General de la Policía, con el apoyo de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. El documento deberá analizar el uso de las redes sociales durante los disturbios y detectar posibles incumplimientos por parte de los prestadores de estos servicios.

Paneque ha defendido que las plataformas no pueden desentenderse de lo ocurrido. «No pueden lavarse las manos», ha advertido, al comparar la responsabilidad de las redes sociales con la que asumiría un medio de comunicación tradicional si avalara o promoviera una convocatoria que acabara derivando en actos violentos o delictivos.

La portavoz del Govern ha argumentado que, si un periódico, una emisora de radio o cualquier otro medio difundiera llamamientos a la violencia, sus responsables tendrían que responder ante la justicia. Por eso, considera que las plataformas digitales deben estar sometidas a un criterio equivalente. El ejecutivo catalán pretende esclarecer si alguna de ellas desatendió requerimientos de las autoridades o incumplió sus obligaciones de cooperación para investigar los hechos y evitar que se repitan.

La Generalitat no ha señalado, sin embargo, qué plataformas podrían haber incurrido en esas irregularidades. Preguntada por posibles incumplimientos, Paneque se ha limitado a recordar que en algunos casos ya se había procedido al cierre de información, como ocurrió con una cuenta de Telegram, y ha defendido que esa actuación debe extenderse al conjunto de las redes sociales.

El acuerdo incluye, además, la creación de un mecanismo de coordinación permanente entre la Secretaría del Govern, el Gabinete Jurídico y la Consejería de Interior para concretar las medidas que puedan adoptarse. Paneque también ha reiterado la colaboración de los Mossos de Esquadra con la Fiscalía, el Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aquellas actuaciones que excedan las competencias de la Generalitat.

El ejecutivo catalán sostiene que su iniciativa no pretende cuestionar la libertad de expresión, de información ni de manifestación. El objetivo declarado es determinar si hubo responsabilidades legales en la difusión de las convocatorias y en la respuesta de las plataformas ante los requerimientos policiales. De momento, el Govern abre la vía del análisis jurídico, pero todavía no ha anunciado ninguna demanda ni ha identificado a las empresas que podrían acabar en el punto de mira.