Cheka de San Elías: Historia, terror y memoria oculta en el corazón de Barcelona

La historia de los centros de detención o chekas durante la Guerra Civil española encierra capítulos de profunda crudeza. Uno de los episodios más oscuros tuvo lugar en el sótano del convento de las clarisas de Jerusalén, reconvertido en la temida cheka de San Elías.

El Real Monasterio de Religiosas de la Soberana Orden de San Juan de Jerusalén, emplazado originalmente en el terreno donde hoy se levanta el emblemático mercado de la Boquería en Barcelona, fue trasladado en 1885 hacia una nueva edificación situada en un entorno estratégicamente solitario y apartado de la urbe. Este extenso complejo conventual no solo destacaba por su notable amplitud y por albergar un frondoso huerto con granja para el sustento de la comunidad, sino también por estar perimetrado por altas murallas y sólidas torres. Desafortunadamente, estas particulares características defensivas y su posición aislada convirtieron al inmueble en un enclave ideal para los planes y operaciones de las milicias armadas durante los periodos de conflicto del siglo XX.

Pese a los convulsos acontecimientos históricos que alteraron su pacífica rutina y su arquitectura, las monjas comendadoras continuaron guiando sus vidas bajo una profunda devoción. La comunidad permaneció consagrada al estricto recogimiento espiritual, la oración contemplativa constante, la vida de clausura y la celosa conservación del patrimonio histórico, cultural y benéfico propio de la Orden de Malta, perpetuando así un legado perdurable de caridad, fe y sólida tradición religiosa.

Tras la salida de las religiosas en julio de 1936, el lugar fue ocupado por milicianos de la FAI para transformarlo en una prisión, función que desempeñaría durante aproximadamente dos años y medio. Su uso carcelario se dividió en dos etapas: la primera bajo el control del Comité Central de Milicias Antifascistas (caracterizada por un terror homicida) y la segunda bajo el Servicio de Investigación Militar (SIM).

Conocido por la prensa de la época como un «cementerio de vivos», San Elías era un espacio de aislamiento y angustia extrema. Los testimonios de la época, como los recogidos por el jesuita Bartolomé Arbona Estrades o Fernando Gómez Catón, describen un ambiente de recelo mutuo donde reinaba el miedo a los delatores y a las ejecuciones nocturnas.

Cada noche, entre las once y las doce, se abrían las celdas para leer los nombres de los condenados. Las descargas de ametralladoras en los sótanos eran habituales, y los rastros de estos fusilamientos quedaron impresos en las paredes del recinto. Además, crónicas e investigaciones posteriores documentaron crueles métodos de tortura y condiciones infrahumanas para una población que superó el millar de internos.

Por las celdas de San Elías pasaron figuras de diversa índole, desde religiosos y sacerdotes hasta civiles acusados de afinidades políticas o de haber dado refugio a perseguidos.

Eusebio Cortés y su sobrino Ramón: Procedentes de Igualada, fueron detenidos en Barcelona en septiembre de 1936 y trasladados a San Elías, desde donde desaparecieron sin que sus familias pudieran recuperar sus restos.

José Boada Serra: Podólogo de Sabadell detenido en noviembre de 1936, cuyo rastro se perdió tras ingresar en la cheka.

Jaime Campmany Cunillé: concejal y defensor de la Iglesia en Badalona, asesinado en marzo de 1937 tras un interrogatorio en el convento.

Hermanos Maristas y sacerdotes: Grupos enteros de religiosos, como decenas de hermanos maristas y el sacerdote Mosén Josep Vilas Trillo, sufrieron prisión y ejecuciones sumarias en las inmediaciones del cementerio de Montcada.

A pesar del trágico destino de la gran mayoría, algunos detenidos lograron salvar la vida. El Padre Doménech, por ejemplo, sobrevivió a semanas de duras condiciones y convivencia forzosa en las celdas antes de conseguir su liberación mediante el pago de un fuerte rescate.

Una vez finalizada la Guerra Civil, el edificio funcionó temporalmente como prisión oficial. No fue hasta 1943 cuando las monjas exiliadas regresaron para restaurar el convento, encontrándose con restos humanos y vestigios de sangre que atestiguaban la magnitud de la violencia vivida.

Con el paso de los años y la paulatina transformación urbanística de la zona a principios de los años setenta, gran parte de las estructuras originales desaparecieron. Sin embargo, los casquillos de bala encontrados en los muros y los testimonios recuperados mantienen vivo el recuerdo de San Elías como uno de los episodios más recordados de la retaguardia barcelonesa,

Las chekas, como la de San Elías, utilizaron una amplia variedad de métodos de tortura físicos y psicológicos, muchos de ellos importados de la URSS. Entre los más destacados se encuentran:

Agresiones físicas y mutilaciones: Palizas severas con diversos objetos, la técnica del «quebrantahuesos» (luxación sistemática de falanges con tenazas), el «dentista» (arrancar dientes y piezas de oro) y amputaciones.

Asfixia y ahogamiento: El «submarino seco» (uso de bolsas de plástico o cinturones), «la ducha» con agua fría a gran presión, «la argolla» y «el pozo» (sumergir al preso en agua o excrementos).

Torturas eléctricas y térmicas: La «silla eléctrica», el «collar eléctrico» y el «tizón» (quemaduras con cigarros o planchas).

Aislamiento y presión psicológica: Celdas de castigo con suelos inclinados y rugosos, celdas alucinantes con patrones ópticos para desgastar la voluntad, las «neveras» con agua fría acumulada, el «ataúd», simulacros de fusilamiento y la exposición al miedo extremo (como ser arrojado a cerdos hambrientos).

La documentación de la época también incluye correspondencia diplomática y judicial que evidencia el conocimiento de estos crímenes por parte de las autoridades. Cartas del cónsul soviético en Barcelona, Vladimir Alexandrovich Antonov-Ovseenko, o los escritos del juez Bertrán de Quintana reflejan que las ejecuciones masivas y la actuación de los comités eran un secreto a voces, frente al cual las instituciones de la Generalidad intentaron desmarcarse públicamente.

Al sumar los datos provinciales de Gerona (821 asesinatos), Lérida (1.281 asesinatos), Tarragona (1.515 asesinatos) y las estimaciones corregidas de la provincia de Barcelona, las investigaciones concluyen que el número mínimo de personas asesinadas en la retaguardia catalana asciende a 26.606.