Los independentistas aprovechan el accidente de Urda para exigir el control total de Rodalies pese a los problemas de gestión de la Generalitat

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 muertos, ha vuelto a servir de argumento a los partidos independentistas para reclamar más competencias para la Generalitat. Junts y ERC han aprovechado la crisis ferroviaria y la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, para insistir en que Cataluña debe asumir el control integral de Rodalies. Una reivindicación que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el modelo de gestión autonómico, pese a las dificultades que atraviesan algunos de los principales servicios públicos que ya dependen del ejecutivo catalán.

La exigencia más contundente ha llegado de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, quien reclama que el traspaso de Rodalies vaya mucho más allá de la creación de una empresa mixta. La dirigente independentista quiere que Cataluña asuma las vías, los trenes, las estaciones y, sobre todo, los recursos económicos. «Desde la proximidad se gobierna mejor», ha defendido en una entrevista en Catalunya Ràdio, después de interpretar las palabras del ministro en el Congreso como un reconocimiento de las tesis de su partido.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, también ha aprovechado la dimisión del ministro para reivindicar el traspaso ferroviario. «Hace mucho tiempo que ERC trabaja para que todas las competencias y herramientas ferroviarias estén en manos de Cataluña. Ojalá hubieran sido muchos los que nos hubieran acompañado», ha escrito en las redes sociales.

Sin embargo, la reclamación de los independentistas plantea una cuestión incómoda: ¿garantiza una mejor gestión el hecho de que una competencia pase a manos de la Generalitat? La experiencia en ámbitos como la educación y la sanidad invita, como mínimo, a cuestionar ese planteamiento.

Una educación en dificultades

La gestión educativa catalana atraviesa una etapa especialmente complicada. Los resultados académicos, las dificultades de los centros para atender a un alumnado cada vez más diverso y el malestar de parte del profesorado dibujan un escenario que dista de ser satisfactorio.

Uno de los episodios más recientes es el escándalo de las pruebas PISA. Cataluña ha tenido que reconocer que la muestra utilizada para evaluar a sus alumnos de 15 años no cumplía los requisitos metodológicos de la OCDE. El 23,2% de los estudiantes seleccionados quedaron excluidos, muy por encima del máximo del 5% recomendado por el organismo internacional. En total, 591 alumnos de una muestra de aproximadamente 2.500 no realizaron las pruebas. El error ha obligado al Departamento de Educación a abrir expedientes disciplinarios y a cesar a la secretaria general, Teresa Sambola.

Los problemas no se limitan a este episodio. El Anuario de la Educación 2026 de Equitat.org advierte de un retroceso en la graduación en la ESO, que ha pasado del 93% en 2020 al 87% en 2024. El abandono escolar temprano se sitúa en el 13,5%, mientras que las desigualdades de origen social siguen condicionando los resultados académicos.

A esta situación se suma el conflicto con los sindicatos educativos, que llevan tiempo reclamando mejoras salariales, más recursos para los centros y una reducción de las ratios. Las movilizaciones y las huelgas del profesorado evidencian el malestar de una parte importante de la comunidad educativa.

Cataluña, entre las comunidades con mayores listas de espera

La sanidad catalana tampoco ofrece precisamente un balance que permita presentar la gestión autonómica como garantía de eficacia. Los últimos datos comparables del Ministerio de Sanidad, correspondientes a diciembre de 2025, sitúan a Cataluña entre las comunidades con mayores demoras para acceder a una intervención quirúrgica.

Los pacientes catalanes esperan una media de 142 días para pasar por quirófano, frente a los 121 días del conjunto de España. Solo Andalucía presenta una situación peor, con 173 días. En el otro extremo se encuentran Madrid, con apenas 50 días de demora media, y el País Vasco, con 64.

El volumen de pacientes pendientes también resulta significativo: 197.768 personas esperan una operación en Cataluña. Además, el 32% lleva más de seis meses aguardando una intervención, un porcentaje muy superior al registrado en otras comunidades, como Madrid, donde apenas alcanza el 0,8%.

Las demoras tampoco se limitan a los quirófanos. Para conseguir una primera consulta con un especialista, los catalanes esperan una media de 120 días, frente a los 102 del conjunto del país. Andalucía alcanza los 136 días, mientras que Madrid registra 68 y el País Vasco, 49. El 72,3% de las consultas pendientes en Cataluña supera los dos meses de espera.

Las cifras dibujan un panorama complicado para uno de los principales servicios públicos que gestiona la Generalitat. Un escenario que introduce un elemento de contradicción en el discurso de Junts y ERC: reclamar más competencias como garantía de una mejor gestión cuando los resultados de algunas de las competencias que Cataluña ya tiene transferidas están lejos de situarse entre los mejores del país.