Un agente del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guarida CivilGuardia Civil

Cataluña

Interior desmantela otra unidad de la Guardia Civil en Cataluña y deja a Tarragona sin especialistas en explosivos

JUCIL denuncia la supresión del GEDEX de Tarragona, que pierde sus cuatro efectivos, pese a que la provincia alberga el mayor complejo petroquímico del sur de Europa y una importante concentración de munición de la Guerra Civil

El Ministerio del Interior continúa reduciendo la presencia y las capacidades especializadas de la Guardia Civil en Cataluña. La última decisión afecta a Tarragona, donde la Dirección General de la Guardia Civil ha autorizado la supresión del Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la comandancia provincial. Una medida que supone eliminar cuatro puestos especializados en una provincia con importantes instalaciones industriales, infraestructuras estratégicas y numerosos restos de explosivos de la Guerra Civil. JUCIL denuncia que este nuevo recorte deja al territorio con menos recursos para responder ante amenazas que requieren una intervención inmediata.

No es un episodio aislado. La desaparición del GEDEX de Tarragona se suma al reciente desmantelamiento del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de l'Estartit(GEAS), a la pérdida de efectivos del SEPRONA y a la falta de cobertura sistemática de vacantes en las sucesivas convocatorias de destinos. Un goteo de decisiones que está reduciendo progresivamente la estructura operativa de la Benemérita en Cataluña y que afecta especialmente a unidades con competencias muy específicas.

En Tarragona, las consecuencias pueden ser especialmente delicadas. La provincia concentra el mayor complejo petroquímico del sur de Europa, además de instalaciones portuarias, redes de hidrocarburos y otras infraestructuras críticas. La presencia de especialistas en desactivación de explosivos y defensa NRBQ (nuclear, radiológica, biológica y química) resulta fundamental para intervenir ante posibles sabotajes, amenazas con artefactos explosivos o emergencias industriales complejas.

A este escenario se añade la presencia de munición sin detonar de la Batalla del Ebro, especialmente en comarcas como la Terra Alta y las riberas del Ebro. Los hallazgos de proyectiles y granadas con carga activa obligan a movilizar periódicamente a equipos especializados. Sin una unidad propia en la provincia, las intervenciones tendrán que depender de efectivos desplazados desde otras comandancias, con el consiguiente aumento de los tiempos de respuesta.

La decisión de la Dirección General implica eliminar cuatro plazas: una de sargento responsable de la unidad y otras tres de agentes especialistas TEDAX-NRBQ. JUCIL considera que prescindir de estos efectivos en un territorio con semejante concentración de riesgos supone una pérdida de capacidad operativa difícil de justificar por razones organizativas o presupuestarias.

Progresivo desmantelamiento

El repliegue tampoco se limita a Tarragona. La asociación señala que la reducción de efectivos del SEPRONA está generando preocupación incluso en territorios gobernados por partidos independentistas. Es el caso de la Cerdanya, donde, según JUCIL, representantes comarcales y alcaldes quieren evitar la desaparición de este servicio especializado. La propia asociación se ha reunido en dos ocasiones con responsables de la comarca para trabajar conjuntamente en la defensa de su continuidad y evitar que la zona pierda una herramienta esencial para proteger su entorno natural.

JUCIL cuestiona que, mientras se acumulan decisiones que reducen la estructura de la Guardia Civil en Cataluña, no se estén atendiendo las necesidades de seguridad de cada territorio. La asociación también advierte del perjuicio para los agentes afectados por la supresión del GEDEX de Tarragona, que tendrán que abandonar sus actuales destinos y acogerse a los mecanismos de movilidad previstos.

La organización exige ahora paralizar la eliminación de la unidad y recuperar íntegramente sus cuatro puestos y su capacidad operativa. Su denuncia vuelve a poner el foco en la política del Ministerio del Interior respecto a la Guardia Civil en Cataluña: el cierre de unidades especializadas y la falta de efectivos no son decisiones aisladas, sino un proceso de reducción que amenaza con dejar cada vez más territorios sin recursos propios para afrontar situaciones que requieren una respuesta especializada.