Inspección de Trabajo reclama 2,16 millones a la Generalitat por emplear a 207 falsos becarios en Cultura

La Generalitat de Cataluña, gobernada por el PSC, tiene que dar explicaciones por un sistema de prácticas que ha acabado bajo la lupa de Inspección de Trabajo. El organismo estatal reclama 2,16 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social por los 207 jóvenes que han pasado por el Departamento de Cultura bajo la figura de becarios, pero que, según sus conclusiones, desempeñaban funciones propias de trabajadores por cuenta ajena.

La reclamación corresponde al periodo comprendido entre octubre de 2024 y julio de 2026 e incluye un recargo del 20%. La Inspección considera que la Generalitat utilizaba una fórmula formativa para cubrir tareas ordinarias de su estructura sin asumir las obligaciones laborales correspondientes. La Tesorería General de la Seguridad Social ha acordado de oficio dar de alta a los afectados como trabajadores.

Las condiciones descritas en el expediente distan de las que cabría esperar de unas prácticas concebidas para completar la formación. Los jóvenes cobraban 1.250 euros mensuales, sin pagas extraordinarias, y cumplían un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde. Tampoco tenían vacaciones ni derecho de huelga. Una jornada y unas funciones que, a juicio de la Inspección, no encajaban en una relación meramente formativa.

El caso deja en una posición incómoda a un gobierno socialista que hace bandera de la protección de los trabajadores. La Administración que debe velar por el cumplimiento de la legislación laboral aparece ahora cuestionada por las condiciones que ofrecía a quienes buscaban una primera oportunidad profesional. La precariedad que se combate en el discurso no puede convertirse en una herramienta para cubrir necesidades de la propia Generalitat.

Además, la factura supera los dos millones de euros. No es una irregularidad menor ni un simple desacuerdo sobre el diseño de un programa de prácticas. La reclamación obliga a esclarecer por qué se mantuvo este sistema, qué controles ejerció el departamento y quién asumió la responsabilidad de unas condiciones que Inspección de Trabajo considera incompatibles con la figura del becario. También está en juego el uso de recursos públicos: si finalmente prospera la liquidación, el coste de las cotizaciones recaerá sobre las arcas de la Administración.

La consejería de Cultura, dirigida por Sònia Hernández, rechaza las conclusiones del organismo estatal. Defiende que las becas tenían una finalidad «esencialmente formativa» y que se ajustaban al régimen jurídico correspondiente, sin que concurrieran los elementos propios de una relación laboral. Por ello, ha presentado alegaciones contra el acta de liquidación provisional y un recurso de alzada contra la resolución de la Tesorería que ordenó las altas como trabajadores.

Los dos procedimientos siguen pendientes de resolución, por lo que la reclamación no es todavía firme. Cultura asegura que defenderá la legalidad de su actuación por todas las vías administrativas y, si procede, judiciales. Sin embargo, esa defensa tendrá que responder a una cuestión concreta: por qué más de 200 jóvenes cumplían horarios y realizaban tareas que la Inspección considera propias de empleados de la Administración.

El programa existía desde 2012, antes de la llegada de Salvador Illa al gobierno catalán. Ese origen impide atribuir su creación al actual ejecutivo, pero no le libra de responder por su gestión durante el periodo investigado. La Generalitat ha cancelado las convocatorias el pasado 29 de octubre, una decisión que llega después de que el sistema haya quedado cuestionado por la Inspección.

Cerrar el programa no liquida las responsabilidades ni resuelve la situación de quienes han trabajado bajo esas condiciones. La Generalitat debe aclarar qué tareas desempeñaban los becarios, qué derechos les correspondían y cómo piensa reparar las consecuencias de un modelo que el organismo laboral considera irregular.