CSIF tacha de «ocurrencia» que los Mossos hagan de examinadores de tráfico mientras la Administración del Estado pierde efectivos en Cataluña

La falta de personal en la Administración General del Estado en Cataluña ha llegado a un punto en el que la Generalitat se plantea recurrir a policías autonómicos para cubrir las carencias de otro organismo estatal. La propuesta de que los Mossos de Esquadra en segunda actividad se conviertan en examinadores de tráfico para aliviar el colapso de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha provocado el rechazo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que considera que se trata de una «ocurrencia» y advierte de que el problema de fondo es mucho más grave: la Administración estatal está perdiendo efectivos en Cataluña y cada vez tiene más dificultades para cubrir sus puestos.

Rafa Sánchez, representante de CSIF, cuestiona que se pretenda encomendar a policías autonómicos una función que corresponde a examinadores de la DGT, especialmente cuando existen diferencias salariales de entre 500 y 600 euros entre ambos colectivos. «No puede ser que colectivos que no tienen absolutamente nada que ver, y con esas diferencias salariales, vayan a hacer el mismo trabajo», critica.

El representante sindical también pone en duda que la propuesta pueda materializarse sin resolver antes importantes cuestiones administrativas y competenciales. A su juicio, habría dos posibilidades: transferir las competencias a la Generalitat o incorporar a los agentes a la Administración estatal. En cualquier caso, considera que la fórmula planteada por la consejera de Interior, Núria Parlon, está lejos de ser una solución inmediata.

La iniciativa llega en plena crisis de los exámenes de conducir en Cataluña. Unos 85.000 aspirantes han aprobado el teórico y completado las prácticas, pero siguen pendientes de la prueba definitiva, con esperas que pueden alcanzar los ocho meses. El año pasado solo se cubrieron 15 de las 44 plazas de examinador convocadas para Cataluña, según la Federación de Autoescuelas. Parlon ha defendido que los agentes en segunda actividad podrían asumir esta función, aunque todavía no existe un procedimiento concreto para hacerlo.

Para CSIF, sin embargo, el debate sobre los examinadores es solo la punta del iceberg. Sánchez asegura que la Administración General del Estado en Cataluña lleva años deteriorándose y que la falta de trabajadores afecta a numerosos organismos. «La situación era muy mala y cada vez va peor», advierte. Entre los servicios afectados cita el SEPE, Extranjería y la propia Seguridad Social.

Fuga de funcionarios

Uno de los ejemplos más recientes es el de la Seguridad Social. El último macroconcurso de traslados ha dejado 404 plazas sin cubrir en Cataluña y un saldo negativo de 77 trabajadores: se han producido 771 ceses frente a 694 nuevas adjudicaciones. Barcelona concentra 282 vacantes; Gerona, 57; Tarragona, 39, y Lérida, 26. Unos datos que CSIF considera una muestra del deterioro de las plantillas estatales en la comunidad.

En el caso del SEPE de Gerona, el último concurso de traslados tampoco ha conseguido atraer a nuevos funcionarios. Ningún trabajador ha elegido la provincia como destino, 42 plazas han quedado desiertas y otros 14 empleados se han marchado. En total, el organismo pierde 56 efectivos entre vacantes y salidas, según los datos difundidos por el sindicato.

Sánchez atribuye esta situación, principalmente, al elevado coste de la vida en Cataluña y a unas condiciones económicas que hacen que las plazas de la Administración estatal sean cada vez menos atractivas. Los funcionarios que llegan a la comunidad comprueban que, con salarios similares, pueden obtener mejores condiciones económicas si trabajan para la Generalitat o para una administración local. El resultado es una constante movilidad de trabajadores hacia otros organismos y la dificultad para conseguir que los nuevos empleados permanezcan en sus destinos.

El representante sindical explica que incluso organismos que tradicionalmente resultaban atractivos para los funcionarios, como la Seguridad Social, han dejado de serlo. La diferencia salarial y el precio de la vivienda dificultan tanto la incorporación de nuevos trabajadores como la retención de los que ya forman parte de las plantillas.

CSIF lleva denunciando esta situación desde 2011 y 2012, según Sánchez, que lamenta la falta de respuesta de la Delegación del Gobierno. El sindicato asegura haber registrado numerosas peticiones y reclamaciones sin obtener contestación. A su juicio, la Administración no está reaccionando ante un problema que compromete el funcionamiento de los servicios públicos.

El representante sindical apunta también a la falta de personal en otros cuerpos estatales, como la Guardia Civil, y cuestiona que se busquen fórmulas para cubrir las necesidades de unos organismos recurriendo a trabajadores de otros que tampoco cuentan con efectivos suficientes. En este sentido, recuerda que los propios Mossos de Esquadra también tienen problemas de plantilla, por lo que considera poco razonable cargarles con nuevas funciones.

Los ciudadanos, principales perjudicados

La consecuencia de esta falta de efectivos acaba repercutiendo directamente en los ciudadanos. En el caso de Tráfico, miles de aspirantes se encuentran atrapados durante meses sin poder obtener el permiso de conducir, algo que puede condicionar su acceso a un puesto de trabajo o a determinadas oposiciones.

Sánchez denuncia que algunos ciudadanos catalanes se ven obligados incluso a desplazarse fuera de Cataluña para examinarse del carné de conducir. Una situación que considera difícil de justificar y que perjudica la imagen de la Administración.

El problema se extiende a otros servicios. La falta de trabajadores en la Seguridad Social y en el SEPE complica la atención presencial, alarga los plazos y obliga a los empleados que permanecen en sus puestos a asumir una carga de trabajo cada vez mayor. «Los servicios se mantienen gracias al esfuerzo y a la profesionalidad de los empleados públicos», sostiene el representante de CSIF, que asegura que las plantillas están haciendo mucho más trabajo del que correspondería a sus condiciones actuales.

Ante este escenario, el sindicato reclama medidas para hacer atractivos los destinos en Cataluña, entre ellas un complemento de territorialidad que compense el elevado coste de la vida y permita frenar la salida de funcionarios. También exige un plan para cubrir las vacantes y garantizar que los organismos estatales dispongan de personal suficiente.

Mientras tanto, la propuesta de utilizar a los Mossos en segunda actividad para realizar exámenes de conducir evidencia, según CSIF, hasta qué punto se está buscando personal en otros ámbitos para intentar sostener servicios que no cuentan con los efectivos necesarios. «No es la primera vez que se oye» una propuesta de este tipo, recuerda Sánchez, que insiste en que la solución pasa por reforzar las plantillas de la Administración General del Estado, no por trasladar el problema de un organismo a otro.