Uno de los disturbios que se produjeron en Barcelona el pasado 24 de octubre
Cataluña
El PP de Barcelona reclama penas más duras para los violentos y prohibir los pasamontañas en las manifestaciones
Daniel Sirera pide recuperar la agravación penal por ocultar el rostro durante los disturbios y reclama que los responsables de los destrozos paguen los daños ocasionados
El PP de Barcelona quiere endurecer la respuesta penal contra los grupos violentos que aprovechan las manifestaciones para provocar destrozos, incendiar contenedores y enfrentarse a la policía. Su presidente en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, reclama una reforma del Código Penal y medidas para impedir que quienes acuden a las movilizaciones con intención de cometer actos violentos puedan ocultar su identidad detrás de pasamontañas, cascos integrales o máscaras.
La propuesta llega en vísperas de la huelga general del 11 de noviembre, ante el temor a que las movilizaciones deriven en nuevos episodios de violencia en las calles de la capital catalana. Sirera sostiene que Barcelona no puede seguir normalizando los disturbios y defiende recuperar el principio de autoridad frente a los grupos que utilizan las protestas como cobertura para cometer delitos.
Una de sus principales demandas es recuperar la agravación específica de las penas por ocultar el rostro durante los desórdenes públicos, que introdujo el Gobierno del PP en 2015 y que desapareció con la reforma penal de 2022. El dirigente popular también plantea regular la prohibición de utilizar elementos que impidan deliberadamente la identificación en manifestaciones cuando existan riesgos concretos de violencia, siempre con las excepciones legalmente justificadas.
«Quien salga con un pasamontaña y capucha para destrozar Barcelona debe saber que no quedará impune», advierte Sirera. El presidente municipal del PP distingue entre el derecho a manifestarse pacíficamente y los actos delictivos que, a su juicio, no pueden quedar amparados por una convocatoria de protesta.
El dirigente popular pone como ejemplos los disturbios registrados durante las movilizaciones por la vivienda del pasado 5 de octubre y los incidentes vinculados a la manifestación de Blocus del 24 de octubre. En ambos casos, denuncia que grupos de encapuchados provocaron destrozos en comercios, quemaron contenedores y agredieron a agentes policiales.
Sirera también reclama que los responsables de estos episodios respondan económicamente por los daños que ocasionen. «Quien rompe, paga. Quien saquea, responde ante la justicia», sostiene. A ello suma la petición de imponer penas más severas por los delitos violentos cometidos durante los disturbios, especialmente cuando las agresiones tienen como objetivo a los agentes de seguridad.
La ofensiva del PP incluye una exigencia directa al alcalde, Jaume Collboni, para que refuerce los dispositivos policiales preventivos ante las convocatorias con riesgo de altercados y garantice la protección de vecinos, comerciantes y policías. Sirera insiste en que el derecho de manifestación debe quedar protegido, pero no puede servir de excusa para que grupos violentos impongan su ley en las calles de Barcelona.