El PP da 48 horas a la Generalitat para desalojar la acampada de plaza Cataluña y amenaza con acudir a los tribunales

La acampada de plaza Cataluña lleva más de un mes instalada en uno de los espacios más emblemáticos de Barcelona y el Partido Popular quiere que tenga fecha de caducidad. El presidente del grupo municipal popular, Daniel Sirera, ha enviado un burofax a la consejera de Interior, Núria Parlon, para exigir a la Generalitat que desaloje la plaza en un plazo máximo de 48 horas. Si no obtiene respuesta, advierte de que llevará el asunto a los tribunales.

El requerimiento, presentado formalmente el 12 de noviembre, reclama al ejecutivo catalán que adopte las medidas legales necesarias para poner fin a la ocupación y recuperar el uso ordinario de este espacio público. Sirera considera que las tiendas de campaña y las estructuras improvisadas dificultan el tránsito, limitan la accesibilidad y restringen la libre circulación de los ciudadanos.

El dirigente popular carga también contra la gestión de las administraciones implicadas. «Es absolutamente inadmisible que uno de los espacios más emblemáticos de Barcelona lleve más de un mes ocupado por tiendas de campaña y estructuras improvisadas mientras el alcalde Jaume Collboni y el presidente Salvador Illa son incapaces de garantizar el cumplimiento de la ley», denuncia.

La vía contencioso-administrativa

El burofax no se limita a reclamar una intervención política. Sirera plantea expresamente la posibilidad de emprender acciones judiciales si la Generalitat mantiene su inacción. En concreto, el escrito se reserva la opción de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa por inactividad de la Administración, al amparo del artículo 29 de la Ley 29/1998, e incluso solicitar medidas cautelares si se cumplen los requisitos legales.

El PP fundamenta su petición en el derecho a la libre circulación reconocido en el artículo 19 de la Constitución y en la normativa que regula el derecho de reunión. El escrito también invoca la Ley Orgánica 9/1983, que contempla la suspensión o disolución de reuniones en determinadas circunstancias, entre ellas las alteraciones del orden público que supongan un peligro para personas o bienes.

Sirera sostiene, además, que durante estas semanas se han producido comportamientos contrarios a las ordenanzas municipales. Entre ellos cita la instalación de tiendas sin autorización, el consumo de alcohol y drogas, el uso de fogones y la realización de necesidades fisiológicas en la vía pública. Un conjunto de conductas que, a su juicio, perjudica la convivencia y demuestra que la ocupación no puede prolongarse indefinidamente sin intervención de las autoridades.

«No puede ser que a los comerciantes, restauradores y vecinos de Barcelona se les exija cumplir escrupulosamente las normas mientras se tolera que otros ocupen durante semanas una de las principales plazas de la ciudad», sostiene el presidente del PP municipal. «Las normas deben ser iguales para todos y las administraciones tienen la obligación de hacerlas cumplir».

El dirigente popular insiste en que la paciencia de los barceloneses tiene un límite y advierte de que su partido agotará las vías legales disponibles si no hay una respuesta urgente. «Si la Generalitat no actúa, acudiremos a los tribunales», afirma. La pelota queda ahora en el tejado del departamento de Interior, al que Sirera reclama una contestación expresa y motivada al requerimiento.