Plaza Cívica Universidad Autónoma de BarcelonaAntonio De Lorenzo

Cataluña

Un catedrático de la UAB desafía el relato del rectorado sobre el éxito de la huelga: «Es difícil hablar de éxito cuando no se puede entrar»

Rafael Arenas reprocha al equipo de gobierno su respaldo institucional a la protesta y denuncia que hubo bloqueos y barreras que dificultaron el acceso a las facultades

La valoración oficial que hizo la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) de la huelga general del pasado 11 de noviembre no ha gustado a todos dentro de la institución. Rafael Arenas, profesor de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho, ha enviado una carta al rector en la que cuestiona tanto el posicionamiento político adoptado por el equipo de gobierno como la descripción de la jornada realizada por la universidad.

La UAB aseguró en un comunicado que compartía las reivindicaciones que motivaron la huelga, centradas en el acceso a la vivienda y el aumento del coste de la vida. Además, sostuvo que la jornada transcurrió sin incidencias destacables y destacó que el seguimiento del paro por parte de los estudiantes fue «prácticamente del 100 %».

Pero Arenas discrepa de ambas cuestiones. En primer lugar, considera que una universidad pública no debe pronunciarse institucionalmente sobre asuntos que forman parte de la confrontación política. En su escrito sostiene que cada miembro de la comunidad universitaria puede tener su propia opinión sobre la vivienda o sobre la huelga, pero entiende que el rectorado debe mantenerse al margen de ese debate y limitarse a garantizar el funcionamiento de la institución.

A su juicio, utilizar la web oficial de la universidad para respaldar una determinada posición supone un uso impropio de una administración pública que, por definición, debe servir a personas con sensibilidades ideológicas distintas.

Pero donde el profesor es más contundente es en la descripción de lo ocurrido durante la jornada de huelga. Según relata en la carta, la normalidad de la que habló posteriormente la universidad no se corresponde con lo que él encontró en el campus. Arenas asegura que a primera hora de la mañana se colocaron barricadas en los accesos y que varias personas trataron de impedir la entrada a la Facultad de Derecho. Más tarde, añade, se bloquearon puertas interiores hasta el punto de que tuvo que abandonar una zona utilizando una salida de emergencia.

El docente sostiene además que durante la jornada hubo contenedores utilizados como barreras y presencia de encapuchados. En su opinión, impedir o dificultar el acceso de profesores y alumnos que no desean secundar la huelga supone una vulneración de sus derechos.

«Ese es el aspecto que más preocupa a muchos profesores», explica un docente de la UAB consultado por El Debate. «Una huelga es un derecho, pero también lo es poder acudir a trabajar o asistir a clase. Lo ocurrido no puede describirse simplemente como una jornada sin incidencias», apunta.

La carta también cuestiona uno de los datos más destacados por el rectorado: el seguimiento estudiantil cercano al cien por cien.

Para Arenas, presentar esa cifra como prueba del éxito de la convocatoria ignora las circunstancias en las que se desarrolló la jornada. «Es lógico que la asistencia tienda a cero cuando las puertas están cerradas», resume otro profesor de la universidad. «Si los estudiantes no pueden acceder con normalidad a los edificios, no puede concluirse automáticamente que todos ellos hayan decidido secundar la huelga».

Varios docentes consultados consideran que el dato difundido por la universidad no permite distinguir entre quienes apoyaron voluntariamente el paro y quienes, simplemente, se encontraron con dificultades para llegar a las aulas.

La polémica recuerda a las críticas surgidas también en la Universidad de Barcelona durante la misma jornada. Algunos profesores cuestionaron el cierre de facultades y denunciaron que la actividad académica quedó prácticamente suspendida de forma generalizada.

La carta enviada por Arenas al rector abre un debate incómodo para los equipos de gobierno universitarios: hasta dónde puede llegar el posicionamiento institucional de una universidad pública y qué responsabilidad tienen los rectores cuando una movilización acaba dificultando el ejercicio de los derechos de quienes deciden no secundarla.