Registro en la sede de CDC por parte de la Guardia Civil, en 2015Europa Press

Cataluña

La Guardia Civil señala al tesorero de la antigua Convergencia en la trama de amaños de obras públicas en Cataluña

Un investigador asegura en la Audiencia Nacional que un entramado de empresas pactaba adjudicaciones de infraestructuras con la colaboración de responsables de la empresa pública GISA y bajo las directrices del tesorero de Convergència

La sombra de la corrupción vuelve a proyectarse sobre la etapa de Convergència al frente de la Generalitat. La Audiencia Nacional ha comenzado este miércoles el juicio por una de las piezas del caso 3%, que investiga una presunta trama de amaño de contratos públicos de infraestructuras en Cataluña entre 2011 y 2015. En la primera sesión, el guardia civil que dirigió las pesquisas ha confirmado que varias empresas formaron un cártel para repartirse adjudicaciones y que los responsables de la empresa pública encargada de gestionar las obras recibían instrucciones sobre a quién debían beneficiar.

En el banquillo se sientan 17 acusados, entre ellos Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, que ocuparon, respectivamente, la presidencia y la dirección general de Gestió d'Infraestructures SAU (GISA), posteriormente denominada Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. La Fiscalía Anticorrupción solicita para ellos y el resto de procesados penas de entre seis años y tres meses y ocho años y nueve meses de prisión por presuntos delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas y prevaricación.

Uno de los elementos centrales de la investigación fue el hallazgo de documentación que permitió reconstruir el funcionamiento de la supuesta red. El agente ha relatado que, después de la detención de Rosell, un hombre identificado como Vicente C.V. acudió a dependencias de la Guardia Civil y entregó una caja de caudales y cuatro maletines. Según explicó, Rosell se los había confiado por amistad.

En uno de esos maletines aparecieron documentos relacionados con las adjudicaciones presuntamente amañadas. El investigador ha situado el inicio de estas prácticas en 2011, coincidiendo con la llegada de Quer y Rosell a los puestos de máxima responsabilidad de GISA.

El testimonio también ha apuntado directamente a la estructura de Convergència. Según la declaración que Vicente C.V. prestó durante la investigación, Rosell se ocupaba de valorar las ofertas y mantener las relaciones con las empresas, mientras que recibía indicaciones sobre las adjudicatarias que debían resultar beneficiadas. Esas instrucciones procederían de Andreu Viloca, entonces tesorero de CDC.

La investigación encontró además indicios de la implicación del partido en el registro del despacho de Viloca. Allí aparecieron impresos de anuncios de licitaciones de obras públicas ferroviarias y de carreteras, una documentación que, según ha señalado el guardia civil, no encajaba con las funciones propias de un responsable de las finanzas de la formación.

El mecanismo de las adjudicaciones se habría apoyado en un pacto empresarial articulado alrededor de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca). El grupo, bautizado como «Nuria Bofill», habría acordado los precios con los que sus integrantes concurrían a los concursos públicos para evitar la competencia de otras compañías.

A esa concertación se sumaba el supuesto control de las valoraciones técnicas. Quer y Rosell habrían creado en GISA una oficina técnica de evaluación que dependía directamente de ambos y que permitía supervisar las puntuaciones otorgadas por los técnicos e incluso modificarlas antes de que las propuestas llegaran a la mesa de contratación.

El escrito de Anticorrupción identifica nueve expedientes de contratación que habrían sido adjudicados mediante este procedimiento irregular, por un importe conjunto de 5,58 millones de euros. Los proyectos afectaban a actuaciones viarias en Sant Julià de Ramis, el eje del Llobregat, la variante de Gandesa y los desdoblamientos entre Sant Llorenç d'Hortons y Martorell y en Manresa.

La presunta trama también habría alcanzado infraestructuras ferroviarias y metropolitanas. Entre los contratos investigados figuran estudios para prolongar la línea Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat, en el tramo entre plaza de España y Gràcia, las obras de prolongación de la línea ferroviaria en Sabadell y la extensión de líneas del Metro de Barcelona.

Los otros procesados son miembros de Asinca y directivos de las empresas de ingeniería que habrían participado en el acuerdo para concurrir a las licitaciones. El juicio deberá determinar ahora las responsabilidades penales de los 17 acusados y esclarecer hasta qué punto el entramado empresarial y los responsables de la empresa pública actuaron coordinadamente para desviar contratos públicos durante los años de Gobierno de CDC.